Alerta por “grave riesgo” que corren 175 niños que estudian a metros de una estación de Policía hostigada por grupos armados

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 004 de 2026 para los municipios de Puerto Rico y El Doncello, en el departamento de Caquetá, debido al inminente riesgo que enfrentan comunidades rurales por posibles hostigamientos armados y ataques con artefactos explosivos.

La advertencia se acentuó en el corregimiento Rionegro y las veredas Balsora, Cristales, Las Palmas, Brazuelo y La Laguna, donde 175 niños estudian en la sede Antonio José Sucre de la Institución Educativa Rural, ubicada a metros de la subestación de Policía de la zona.

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Este corregimiento, que hace parte de la jurisdicción del municipio de Puerto Rico fue hostigado recientemente con artefactos explosivos. En la noche del 29 de enero de 2026 grupos armados atacaron la estación de Policía. El hostigamiento dejó dos uniformados heridos y daños en al menos 13 viviendas.

El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruíz Aguilar, expresó total rechazo, “solidaridad y respaldo a la Policía y a la población civil del sector de Río Negro municipio de Puerto Rico, quienes fueron hostigados por organizaciones terroristas. Que Dios proteja a cada familia, a nuestros policías”, como se leyó en sus redes sociales.

Por su parte, la Defensoría alertó que esta infraestructura policial se encuentra en una zona densamente poblada, y además de estar pegada a la escuela, está rodeada de cientos viviendas civiles.

Dicha situación se traduce en un riesgo inminente para la niñez y la comunidad educativa, especialmente, porque hay reportes sobre la posible instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados en los corredores rurales que conectan Puerto Rico con El Doncello.

“Advertimos sobre el uso de medios de guerra indiscriminados, como tatucos y posibles drones con explosivos, así como la instalación de minas antipersonal en corredores rurales“, comunicaron voceros de la Defensoría.

Los actores armados que operan ilegalmente en la región

De acuerdo con el comunicado de la Defensoría, el riesgo principal proviene del Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), grupo disidente en diálogos de paz con el Gobierno nacional, pero actualmente sin un cese al fuego bilateral.

Según el organismo, “el grupo está comandado por alias Calarcá, que ha endurecido sus gobernanzas armadas ilegales, imponiendo extorsiones, pautas de comportamiento y restricciones a la movilidad”,

Las amenazas incluyen el uso de artefactos explosivos como tatucos y posibles drones cargados con explosivos.

El posicionamiento estratégico de Rionegro y sus veredas Maracaibo I, Maracaibo II, Sevilla y Santa Isabel facilita el control de actores armados no estatales sobre rutas hacia El Doncello, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

Esta situación, incluso, ha provocado el desplazamiento forzado de familias cuyas viviendas están cerca de la estación policial, ante la amenaza de nuevos ataques.

La Defensoría también reportó amenazas contra el personal de salud si brinda atención médica a miembros de la fuerza pública heridos y casos de estigmatización y amenazas contra líderes comunales y defensores de derechos humanos. El grupo armado ha presionado para exigir la salida de la Policía del centro poblado de Rionegro.

Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo instó a los actores armados ilegales a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos por el derecho internacional humanitario, con el fin de reducir los riesgos para la población civil y, en particular, para los niños y niñas de la región.

De la misma manera, la entidad emitió más de una decena de recomendaciones a las autoridades, que incluyen “la activación inmediata de acciones urgentes, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el reforzamiento de la seguridad con un enfoque de protección a bienes civiles (escuelas y centros de salud) y el diálogo con el Embf para asegurar el respeto a la población civil en zonas pobladas”.