Corte Suprema de Estados Unidos “tumbó” arances que impuso Donald Trump a diferentes países: cuál será el impacto para los exportadores colombianos

La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles generalizados impuestos por el mandatario Donald Trump, restringiendo el uso de poderes presidenciales para afectar el comercio exterior bajo la ley de emergencia de 1977 y generando un alivio inmediato para exportadores colombianos.

Esta decisión, no obstante, no elimina por completo el riesgo de futuras medidas restrictivas, dado que el jefe de Estado estadounidense aún dispone de otras herramientas legales para imponer tarifas, aunque de alcance más limitado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo impacta directamente a sectores clave en Colombia, como el de las flores, que habían enfrentado un arancel del 10%. Esta medida exigió a los exportadores colombianos negociar precios a la baja para preservar su competitividad y obligó a los importadores norteamericanos a compartir ese costo, a veces trasladándolo al consumidor final.

Según Manuel Camilo González Vides, docente especializado en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, la anulación de los aranceles abre una oportunidad de recuperación, pero persiste la amenaza de que la presidencia de Estados Unidos implemente nuevas restricciones comerciales valiéndose de otras leyes de emergencia.

“Se eliminan los aranceles, pero no se elimina la amenaza de que existan otras medidas que tenga el presidente de los Estados Unidos con la ley de poderes especiales de emergencia. En ese sentido es un respiro para que ciertamente las importaciones, particularmente desde Colombia, pues puedan reactivarse”, dijo Vides a Infobae.

La sentencia del tribunal, adoptada por una inusual combinación de magistrados conservadores y liberales en una votación de 6 a 3, señala que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales no faculta al presidente para establecer aranceles de manera unilateral.

Esta interpretación supone un revés sustancial a la política económica agresiva del expresidente Trump, quien encontraba en los aranceles un instrumento para ejercer presión tanto comercial como diplomática.

“Sí va a existir un gran espacio, si se quiere, para que el presidente de los Estados Unidos pueda imponer en un plazo mediano de tiempo, otras imposiciones arancelarias”, añadió el experto.

La decisión de la Corte representa un alivio temporal para los exportadores colombianos, que ahora tendrán menos obstáculos para ingresar productos al mercado estadounidense. El desenlace, sin embargo, está lejos de ofrecer garantías a largo plazo.

El docente Manuel González Vides explicó a Infobae que “los aranceles que se habían impuesto van a ser desmantelados, obviamente implicando con una serie de reembolsos arancelarios, que seguramente durará un tiempo importante en ser devueltos, pero siempre existe el riesgo de que existan otras medidas que pueda adoptar el presidente de los Estados Unidos”.

En opinión del presidente del tribunal, John Roberts, “El presidente reclama el poder extraordinario de imponer aranceles de forma unilateral, de monto, duración y alcance ilimitados. Dada la amplitud, la historia y el contexto constitucional de esa autoridad reclamada, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La Corte enfatizó que en casi medio siglo ningún mandatario había utilizado esta norma para fijar tarifas aduaneras de semejante magnitud.

Uno de los aspectos más problemáticos luego del fallo es la devolución de los aranceles ya recaudados. El juez Brett M. Kavanaugh, en desacuerdo con la mayoría, advirtió que este proceso puede convertirse en un “desorden considerable”, ya que Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que realizaron esos pagos, aunque parte de ese costo ya pudo haber llegado a los consumidores.

La Corte Suprema dejó en suspenso la obligación del gobierno de retornar las sumas cobradas, lo que abre la puerta a futuras disputas judiciales.

En este esquema, los aranceles en disputa no se transfieren a los gobiernos ni a las empresas extranjeras, sino que afectan directamente a los importadores estadounidenses. Ellos deciden entre asumir el impacto financiero, ajustar precios al consumidor o renegociar sus acuerdos con exportadores para mitigar las pérdidas.

El caso escaló hasta la Corte Suprema luego de que una docena de estados y empresas demandaran al gobierno de Donald Trump, alegando que el presidente se había extralimitado y usurpado funciones propias del Congreso.

Tres cortes federales fallaron en contra de la Casa Blanca, y la Corte de Apelaciones ya había establecido, en una votación de 7 a 4, que la ley de emergencia de 1977 no autorizaba la imposición amplia de aranceles.

La sentencia no excluye el uso de todas las facultades del Ejecutivo para establecer tarifas, pero acota la posibilidad a mecanismos más específicos, amparados en la seguridad nacional o prácticas comerciales desleales. Estas herramientas alternativas suelen ser menos flexibles y no ofrecen el alcance casi total que utilizó Trump bajo la Ieepa.

La administración había anticipado esta posible derrota judicial y ya explora alternativas legales. El principal negociador comercial de Trump, Jamieson Greer, declaró en junio que el gobierno buscaría reemplazar rápidamente los aranceles inválidos recurriendo a leyes diferentes.

De cara al futuro, la estrategia del Ejecutivo en Estados Unidos deberá redefinirse para responder a las nuevas limitaciones. Los exportadores latinoamericanos, especialmente colombianos, permanecerán atentos a cualquier cambio normativo que pueda alterar la dinámica del comercio bilateral.