Colombia enfrenta una crisis en el sector vivienda, tras registrar una contracción del 6,5% en el último trimestre de 2025, según alertó la concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez.
De acuerdo con la información recopilada por la funcionaria, el sector edificador acumula diez trimestres consecutivos de descenso, una tendencia que llevó los lanzamientos de vivienda a niveles similares a los de 2013 y las iniciaciones de obra a cifras comparables a los momentos más críticos de la pandemia en 2020.
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El impacto de este retroceso no se limita a la actividad constructora. La caída en la edificación formal generó un efecto directo en el recaudo fiscal de las regiones. Según la concejal Forero, las administraciones locales perdieron más de $2 billones en ingresos por impuestos asociados a la vivienda, una suma que afecta la financiación de obras y servicios públicos en todo el país.
Empleo en riesgo: un millón de trabajadores afectados
La crisis se refleja con especial gravedad en el empleo. Forero explicó a través de un comunicado que casi un millón de personas dependen de manera directa del sector edificador, en el que el 90% de los trabajadores recibe menos de cuatro salarios mínimos.
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La construcción suele ser el primer acceso al mercado laboral formal para numerosos colombianos, y proporciona un promedio de seis años de vínculo laboral, con periodos de vacancia inferiores a tres meses.
“Este gobierno se ha dedicado a antagonizar y afectar al sector edificador. Sus políticas populistas, como desmantelar Mi Casa Ya, devolvieron al país más de 30 años en política de vivienda, luego de avances significativos en crecimiento económico y avance social”, reclamó Sandra Forero Ramírez.
Subsidios a la baja: miles de familias quedan en el limbo
Uno de los factores que más ha contribuido al deterioro del sector es la reducción abrupta en la asignación de subsidios. Con base en cifras oficiales revisadas, la asignación anual pasó de 67.000 subsidios durante 2021 y 2022 a menos de 9.000 en 2025. Esta disminución se tradujo en que cerca de 45.000 familias, que ya habían completado trámites y cierres financieros, quedaron sin la posibilidad de acceder a una ayuda estatal para adquirir vivienda.
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“La vivienda no es un lujo. Es una necesidad y un derecho, y el gobierno los desconoció por completo; no se puede hablar de justicia social mientras se deja en un limbo a miles de familias que hicieron el esfuerzo de separar su hogar y hoy ven cómo ese sueño se vuelve más lejano”, manifestó la concejal.
Repercusiones en precios y acceso a la vivienda formal
El debate sobre la política de vivienda se agudizó tras el ajuste en los precios tope de la Vivienda de Interés Social (VIS). De acuerdo con Forero, este incremento responde al alza del salario vital y no obedece a decisiones arbitrarias de los constructores. Esta situación ha generado un efecto colateral en el acceso al crédito hipotecario.
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Datos suministrados por la concejal indican que en Bogotá las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios podrían aumentar hasta en un 60%, lo que ya impide que aproximadamente 2.000 familias en la ciudad puedan concretar la compra de una vivienda propia. Además, el aumento del salario vital redujo la cobertura de los subsidios, limitando el número de beneficiarios.
Una década perdida para la vivienda formal
El sector edificador no registraba cifras tan bajas desde 2013. Según el análisis de la funcionaria, la combinación de recortes en subsidios, caída del empleo y menor recaudo fiscal configura un escenario de alerta para la economía nacional.
Sindicatos y gremios del sector solicitaron al Gobierno nacional la revisión de las políticas actuales y la reactivación de mecanismos que permitan recuperar el dinamismo de la construcción. La tendencia negativa en la vivienda formal representa un desafío para las autoridades y para las familias que aspiran a acceder a una vivienda digna.
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