El 18 de febrero, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó sobre la entrega definitiva de un inmueble que hizo parte del proceso de extinción contra predios que pertenecieron al Cartel de Cali, más específicamente a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
En el comunicado oficial, la SAE confirmó que este predio estuvo bajo investigación durante varios años por enriquecimiento ilícito ligado a Drogas La Rebaja, empresa fachada con la que los capos lograron blanquear gran parte del dinero que ganaron a través de la venta ilegal de narcóticos.
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“Esta casa fue parte de los bienes analizados dentro de las investigaciones patrimoniales relacionadas con los hermanos Rodríguez Orejuela y la estructura empresarial del sector farmacéutico. Lo que alguna vez representó acumulación ilegal, hoy se transforma en espacio para la dignidad y autonomía de los pueblos indígenas”, informó la Sociedad de Activos Especiales al respecto.
La SAE informó que, luego de más de dos años siendo administrado por la destinación provisional del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), se demostró el uso social que estaba teniendo la vivienda, cumpliendo los requisitos jurídicos y técnicos, motivos por los que se decidió que la entidad será propietaria del inmueble a partir del acto simbólico que se llevó a cabo el 18 de febrero de 2026.
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En el evento estuvo la directora de la SAE, Amelía Pérez, que recordó que la casa estuvo ligada al cartel de Cali, pero de ahora en adelante será mencionada cuando se hable del Consejo Regional Indígena del Cauca.
Esta vivienda se suma al predio en el municipio de Soacha, Cundinamarca, que fue intervenido durante la segunda semana de febrero de 2026 y que también perteneció al cartel de Cali en su momento; ese fue entregado a la personería del municipio que colinda con Bogotá.
La lucha para recuperar los predios del cartel de Cali que están en ruinas
Las mansiones, vehículos de lujo y obras de arte que integraban el patrimonio del cartel de Cali se han convertido en símbolos de abandono y deterioro tras más de treinta años de su incautación.
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En un informe de El País, se mencionó que más de 36.000 bienes incautados por el Estado colombiano han quedado sin protección ni uso productivo, evidenciando el fracaso estatal en la administración de bienes incautados.
Durante la ofensiva de los años noventa, fiscales y jueces se enfrentaron a una avalancha de propiedades, desde caballos de paso fino hasta casas lujosas, que el Estado debía conservar intactas por posibles devoluciones judiciales. A pesar de ello, muchos funcionarios debieron asumir tareas ajenas a su función, como alimentar animales o cotizar mantenimientos de automóviles importados.
La ausencia de vigilancia efectiva permitió que cazadores de tesoros y saqueadores destruyeran muchas de las propiedades, buscando caletas de dinero y oro. El analista Diego Luis Sánchez explicó al medio citado que vigilar todos los activos costaría más de 360.000 millones de pesos mensuales, una cifra fuera del alcance del presupuesto estatal.
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Mientras tanto, caballos de paso fino terminaron convertidos en animales de carga, y casas emblemáticas, como la de Hélmer Herrera o la réplica del Club Colombia de José Santacruz, ocultas en la maleza o reducidas a ruinas.
El economista Felipe Tascón Recio indicó a El País que la acumulación de propiedades generó deudas prediales millonarias; solo en Cali alcanzan cerca de un billón de pesos en cinco años. Vehículos incautados, convertidos en chatarra, y empresas decomisadas bajo escasa supervisión completan el panorama. Tascón propone la monetización inmediata de los activos, inspirada en modelos como el de Uruguay, donde la ley ordena subastar bienes a los seis meses de la incautación.
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