Investigarán al ministro de Educación por pagos irregulares en el Fomag a maestros pensionados: “Soy el más interesado”

El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordenó compulsar copias a Daniel Rojas, ministro de Educación, así como a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, al abogado Yobanni Alberto López y a varios maestros pensionados, por una supuesta autorización y tramite del pago de prestaciones previamente negadas por instancias judiciales.

De acuerdo con la investigación realizada por el periodista colombiano Daniel Coronell, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) realizó pagos irregulares por más de 260.000 millones de pesos a jubilados que, según la ley, no tenían derecho a dichas prestaciones.

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El centro de la controversia es el pago de una prima reclamada por un grupo de educadores jubilados. De acuerdo con la investigación del comunicador, la justicia ya habría determinado que estos maestros no tenían derecho a recibir el dinero, pese a lo cual el Fomag realizó las transferencias.

El caso trasciende la disputa sindical y ahondar en posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales tanto de funcionarios públicos como de quienes tramitaron las reclamaciones improcedentes.

La suma involucrada alcanza los 260.437 millones de pesos, calificándose como “un pequeño Foncolpuertos”, en referencia a otro escándalo de cobros irregulares en fondos públicos colombianos.

La operación fue posible gracias a los litigios encabezados por el abogado Yobanni Alberto López, señalado en el fallo judicial como responsable de activar los cobros a nombre de los docentes retirados.

López, quien dirige una firma especializada en este tipo de demandas contra el Fomag, habría cobrado porcentajes de entre el 20 y el 30% de lo que cada jubilado logró obtener. Su éxito en estas reclamaciones lo ha dotado de un notable patrimonio, que incluye incluso la posesión de un avión privado.

Entre tanto, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) sostiene que la prima de mitad de año es un derecho adquirido por todos los docentes jubilados. Según Domingo Ayala, presidente del sindicato, el gobierno de Gustavo Petro intentaría desconocer dicho pago.

Respuesta de Daniel Rojas

A raíz de la compulsa de copias, el ministro Rojas recalcó la decisión del juez de Armenia y aseveró que, desde su llegada a la cartera educativa, no ha obtenido la información completa frente al caso.

“Contrario a lo que la intuición pueda responder, yo estoy feliz, soy el más interesado en que estos hechos se investiguen, porque pues da cuenta, no solo de mis actuaciones, sino de que como, desde que estoy al frente, he sufrido para tener la información completa frente a la contratación. A mi me tocó entutelar a la Fiduprevisora para que me brindaran la información (...) que bueno que un juez de la república vaya hasta las últimas consecuencias de estas investigaciones”

Además, aclaró que “es la Fiduprevisora la que administra el Fondo del Magisterio, es la responsable de atender las solicitudes del Magisterio”, por lo que señaló que el Ministerio de Educación “no tiene competencia funcional ni operativa para reconocer, liquidar o poagar prestaciones sociales”.

También, explicó que en diferentes comités con la entidad mencionada, ha dejado la postura del Ministerio Público de que no se efectúen dichos pagos a los docentes jubilados.

“Hemos dejado nuestra posición sentada, en los comités jurídicos, en los que le hemos recomendado a la Fiduprevisora que no se pueden pagar esas primas que las mismas autoridades han negado (...) pero esto me ha causado una discusión con una parte del magisterio que cree que es desidia de este Gobierno, cuando no es así. Si la justicia nos dice que no podemos pagar las primas, pues simplemente no se pagan”, advirtió.

Por último, alertó que esta situación ha generado varios incidentes con los docentes en la sede principal de la cartera de Educación.

“Me han hecho mitines, me han bloqueado las puertas del ministerio, y yo he tenido que dialogar con los sindicatos, y a todos les he dicho: ‘no me pueden llevar a incumplir lo que la justicia me haya dicho que no puedo’”, concluyó.

En rueda de prensa, el ministro Rojas indicó que, por este caso, no se descarta que la cartera puede ser considerada como ‘víctima’.

“La Fiduprevisora nos veta la información de la contratación e hizo contratación en salud sin autorización del Consejo directivo del Fomag. El Ministerio de Educación puede ser víctima del proceso porque nos están vinculando en unos pagos que, en mi criterio, jamás debieron haberse realizado”, explicó el funcionario a los medios de comunicación, advirrtiendo a los docentes que no se dejen engañar de “abogados aparentemente inescrupulosos”.

Esta situación ya había sido denunciada por el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros, que señaló la existencia de “anillos de corrupción” en el Fomag, acusando la complicidad de abogados y magistrados.

Según Petro, “los fondos públicos han sido desviados mediante sentencias emitidas sin cumplimiento de los requisitos legales, en un patrón repetido que daña el sistema de pensiones del magisterio”.

El vicepresidente del Fomag, Herman Bayona, confirmó a Cambio que la entidad notificó a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control sobre las anomalías detectadas. Advirtió que los docentes podrían afrontar riesgos jurídicos y asumir elevados costos económicos si siguen las recomendaciones de ciertas firmas de abogados.