El Gobierno nacional advirtió que, si la Corte Constitucional no reactiva la emergencia económica antes del 11 de febrero, expedirá un nuevo decreto para garantizar la financiación de la atención a las lluvias, lo que podría incluir un impuesto al patrimonio para grandes empresas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, situó la atención sobre la decisión de la Corte Constitucional. “Está en manos de ella los recursos para financiar esta emergencia. Que es una calamidad pública”, afirmó Benedetti ante los medios, al referirse a la urgencia de contar con fondos para enfrentar los daños provocados por las precipitaciones recientes.
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El ministro recalcó que el plazo para que la Corte defina si mantiene o levanta la suspensión del decreto de emergencia vence el miércoles 11 de febrero.
Durante su intervención ante los medios, Benedetti puntualizó el origen de la presión institucional: “El presidente dijo, palabras de él, si no estoy mal, que era mañana, si no, la Corte no se pronunciaba de aquí a mañana”.
La expectativa sobre la decisión judicial se mantiene, ya que de ella depende la reactivación de la emergencia económica y, con ello, la posibilidad de movilizar recursos extraordinarios a través de instrumentos fiscales.
El presidente Gustavo Petro y la estrategia del Ejecutivo
En el consejo de ministros realizado en Montería la noche del 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro insistió en la urgencia de una definición legal para evitar retrasos en la respuesta estatal. Petro señaló que el Ejecutivo dispone del “decreto madre”, pero enfrenta una limitación temporal y de competencias ante la suspensión decretada por la Corte.
“Tenemos un problema de tiempos pero también de decisiones de la Corte Constitucional”, expresó el mandatario, quien advirtió que si el alto tribunal mantiene la suspensión, el Gobierno deberá convocar a todos los ministros para aprobar un nuevo estado de excepción y diseñar medidas fiscales alternativas.
“No podemos esperar mucho, mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia. O ver si ellos pueden levantar o no. Si no se puede, tendremos que hacer la convocatoria de todos los ministros, porque si falla uno, se cae”, dijo el presidente.
Nuevo impuesto al patrimonio: características y alcances
De acuerdo con Blu Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló los alcances del nuevo decreto que prepara el Gobierno en caso de que la Corte no levante la suspensión. Ávila explicó que, tras la suspensión provisional de la emergencia anterior, las medidas que ya fueron adoptadas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo.
Por ese motivo, la propuesta se enfoca en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, excluyendo a las pequeñas y medianas empresas.
El gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos. Para ese rango, la tarifa sería del 0,6%; los patrimonios superiores a 600.000 UVT (aproximadamente 30.000 millones de pesos) enfrentarían una tasa del 1,2%. El Ministerio calcula que aproximadamente 15.000 empresas entrarían en este esquema.
Ávila puntualizó que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos, lo que hace indispensable contar con una fuente de financiación robusta y de rápida ejecución.
Antecedentes de la emergencia y la presión fiscal
La emergencia económica y social declarada en diciembre de 2025 por el Ejecutivo buscaba cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en 16,3 billones de pesos. El decreto original contemplaba la reducción del umbral de entrada para el impuesto al patrimonio, así como gravámenes adicionales al alcohol, tabaco y juegos de suerte y azar. Tras la suspensión de la Corte, el Gobierno optó por replantear la estrategia fiscal para evitar un vacío en la atención de la crisis.
De materializarse la nueva emergencia, sería la cuarta ocasión en la que el Gobierno recurre a un estado de excepción en los últimos tres años, tras las declaratorias en La Guajira (2023), el Catatumbo (2025) y la adoptada en diciembre pasado.
Expectativa por la decisión de la Corte y futuro de la emergencia
El país permanece a la espera del fallo de la Corte Constitucional, que será determinante para definir el curso de la financiación y la respuesta a la emergencia causada por las lluvias. El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de nuevas herramientas fiscales, subrayando que la prioridad es garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción y la atención humanitaria.
La decisión del alto tribunal no solo marcará el rumbo inmediato de la política fiscal, sino que también sentará precedente sobre la relación institucional entre el Gobierno y la Corte Constitucional durante situaciones de calamidad pública.
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