Escándalo en Atlántico por contratos para suministrar 200 cascos de lanchas pesqueras: exasesores de la Gobernación fueron imputados

La Fiscalía General de la Nación imputó a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un contratista por su presunta participación en irregularidades durante la adjudicación y ejecución de un contrato destinado al suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.

El contrato había sido direccionado para beneficiar a una fundación que nada tenía que ver con la industria de la construcción de embarcaciones. El contrato superó los 1.000 millones de pesos.

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Los elementos materiales probatorios que investigó el ente de control indicaron que la fundación beneficiada no tenía la capacidad técnica ni la experiencia exigida para ejecutar el contrato.

“Dichos informes de evaluación se constituyeron en el soporte para demostrar el agotamiento de un trámite preparatorio obligatorio que antecede el acto administrativo de adjudicación del contrato, con el cual se va materializando el principio de la contratación pública de transparencia y se habilita al o los proponentes para seguir en el proceso de selección”, informó la Fiscalía.

Para acreditar la experiencia requerida, el contratista habría presentado “con documentación falsa” ante la Cámara de Comercio un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla con información falsa. Esta documentación permitió que la fundación obtuviera altas calificaciones en el proceso de evaluación y, finalmente, la adjudicación del contrato.

“Por su parte, el contratista Julio César Altamar Rodríguez haría observaciones al proyecto y pliego de condiciones, solicitando modificaciones a los requisitos habilitantes y de calificación. Y en su propuesta se comprometería con entregas en el menor tiempo y ofrecería garantías ficticias durante toda la vida útil del bien a suministrar, 15 años, de tal manera que se justificara la asignación del mayor puntaje”, comentó el fiscal durante la audiencia de imputación, según los audios compartidos por el ente de control.

Los exfuncionarios investigados son Jorge Luis Sampayo Herrera, exasesor financiero, y Gertrudis María Peralta Vásquez, exasesora jurídica, a quienes la Fiscalía imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Por su parte, Altamar Rodríguez, representante de la fundación, fue imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.

La Fiscalía sostiene que los dos exfuncionarios imputados integraron el comité evaluador que validó de manera irregular los documentos de la fundación y aseguraron que cumplía con todos los requisitos habilitantes, pese a que no era cierto.

Además, se identificó que el contrato fue suspendido para extender el plazo de ejecución, originalmente de 30 días, con el fin de dar tiempo suficiente a la fundación para la entrega de los cascos previstos.

Procuraduría investiga contratos millonarios para asesorías jurídicas en Antioquia

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación para determinar posibles irregularidades en la contratación de servicios de asesoría jurídica externa por parte de la Alcaldía de Segovia, Antioquia.

Según la información oficial, la entidad de control examina si el municipio estableció, desde 2021, 17 contratos con una sola firma jurídica, por un monto acumulado cercano a $17.750 millones.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío informó que concentra sus indagaciones en la recurrencia de los contratos y en la magnitud de los recursos involucrados.

Las pesquisas buscan establecer si las contrataciones cumplieron los requisitos legales y administrativos, así como identificar a los eventuales responsables en caso de detectarse faltas disciplinarias.

La Alcaldía de Segovia habría suscrito seis contratos solo en 2025, por valores que superan los $6.800 millones, algunos con adiciones presupuestales, destinados a temas de representación judicial, obligaciones tributarias y procesos de cobro coactivo.

El ente de control dispuso la práctica de pruebas para verificar la legalidad de los procedimientos y determinar la existencia de conductas susceptibles de sanción disciplinaria. La investigación se encuentra en etapa preliminar, informó el Ministerio Público.