El contrabando de cigarrillos le arrancó $1,1 billones a la salud y el deporte en 2025 y ya financia economías criminales en las regiones

Cada cajetilla ilegal que se vende en una tienda de barrio tiene un efecto silencioso en las finanzas regionales. Lo que parece una compra menor termina acumulándose en cifras millonarias que no llegan a los presupuestos departamentales. En 2025, ese impacto volvió a crecer y dejó un hueco significativo en los recursos destinados a salud y deporte en todo el país.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) presentó el Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Colombia, y las cifras son contundentes. Durante el 2025, los 32 departamentos y el Distrito Capital dejaron de recibir 1,1 billones de pesos por concepto del impuesto al consumo de tabaco. En comparación con 2024, cuando la pérdida se ubicó en 1,03 billones de pesos, el incremento es evidente.

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La tendencia no es nueva, pero sí creciente. Desde 2020, el valor del recaudo que se esfuma por cuenta del mercado ilegal está en aumento. En los últimos cinco años, el país dejó de percibir más de 4,8 billones de pesos por esta vía. Se trata de recursos que, por ley, están destinados a financiar programas de salud pública y actividades deportivas en las regiones.

El estudio también reveló que el fenómeno no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Los mayores incrementos en casos de contrabando de tabaco se registraron en Chocó, Tolima, Quindío, Nariño y San Andrés. Además, existen departamentos donde la incidencia supera la media nacional, como La Guajira, César, Magdalena, Sucre, Bolívar y Norte de Santander. En estas zonas, el comercio ilegal se consolidó como una economía paralela difícil de erradicar.

Para la FND, el problema trasciende lo fiscal. Didier Tavera, director ejecutivo de la entidad, advirtió que el contrabando está estrechamente ligado a dinámicas criminales más amplias. “El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Desde la FND venimos advirtiendo que este flagelo no es un fenómeno aislado; este hace parte de economías criminales estructuradas, que financian grupos armados ilegales y que están asociadas a delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, lo que impacta directamente la seguridad de los departamentos“, aseguró a la revista Semana.

La advertencia puso sobre la mesa una dimensión adicional, el comercio ilegal de cigarrillos no solo reduce ingresos públicos, sino que puede convertirse en una fuente de financiación para estructuras armadas y redes delictivas. En ese contexto, el contrabando dejó de ser un asunto exclusivamente tributario y se convirtió en un desafío de seguridad.

La federación también realizó una caracterización de las marcas ilegales más consumidas en el país. Entre ellas figuran Rumba, Carnival, Marshal y Nashville, nombres que circulan en tiendas y ventas informales a precios considerablemente más bajos que los productos legales. Esa diferencia de valor se convierte en un incentivo para el consumidor, especialmente en sectores de ingresos bajos.

El perfil del comprador, según el estudio, confirma esa hipótesis. La mayoría de quienes adquieren cigarrillos ilegales pertenecen a los estratos 1 y 2, y una proporción importante se ubica en el rango de edad entre 55 y 64 años. El precio reducido pesa en la decisión, aunque implique la evasión del impuesto al consumo y, en muchos casos, la adquisición de productos sin controles sanitarios.

Tavera fue enfático al señalar que el impacto va mucho más allá del recaudo perdido. “Este delito sin duda va más allá de los 1,1 billones de pesos que están perdiendo anualmente en recaudo las gobernaciones y el Distrito Capital. Estamos ante una preocupante amenaza contra la vida, la seguridad, la salud, la educación, el deporte y la sostenibilidad territorial”, indicó.

El desafío para las autoridades es doble, fortalecer los controles para frenar la entrada y distribución de estos productos, y, al mismo tiempo, diseñar estrategias que reduzcan la demanda en los sectores más vulnerables. Mientras el mercado ilegal mantenga precios bajos y una oferta constante, la presión sobre las finanzas departamentales seguirá creciendo.