Red de Veedurías advirtió riesgo sanitario por modelo único en cárceles y apuntó al papel de la Nueva EPS en la gestión de 106.000 presos

La Red de Veedurías de Colombia, a través de su titular, Pablo Bustos, alertó el lunes 9 de febrero de 2026 sobre un grave riesgo para la salud de más de 106.000 personas privadas de la libertad en Colombia. Lo anterior, luego de que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud aprobó la implementación acelerada de un modelo de operador único en salud, a cargo de la Nueva EPS: entidad señalada por enfrentar, de manera ineficiente, crisis financiera y operativa.

Las advertencias, presentadas el 5 de febrero por Bustos, ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, reiteran lo que sería la ausencia de estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustenten la medida, así como la falta de un plan de transición que garantice la atención continua a la población privada de la libertad. Una situación que, de acuerdo con el veedor ciudadano, se ha vuelto paisaje en los centros penitenciarios.

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En su exposición, el presidente de la red de veedurías precisó que la atención en salud a esta población corresponde a una obligación reforzada del Estado colombiano, al parecer reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental de aplicación inmediata y sin interrupciones. Y, en consecuencia, reseñó que el servicio se presta a través del Fondo Nacional de Salud, bajo la administración de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Actualmente, Bustos explicó que la gestión del sistema se realiza mediante un contrato de fiducia mercantil con la fiduciaria Fiduprevisora S.A., firmado en 2025. Este esquema, según indicó, permite contratar prestadores de salud en todo el territorio nacional para cubrir atenciones básicas, intermedias y de alta complejidad a la población bajo custodia estatal.

Y agregó que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, a partir de una propuesta del Ministerio de Salud, resolvió implementar un modelo de operador único nacional, encomendando toda la atención a la Nueva EPS. Según la denuncia de Bustos, la estructura y recursos de esta entidad no están diseñados para las necesidades específicas del sistema penitenciario, y la reestructuración se pretende ejecutar en menos de dos meses, con serias dudas sobre su viabilidad.

Las quejas del veedor reiteraron que no existen estudios técnicos, jurídicos ni financieros que avalen el cambio, ni un plan concreto de transición capaz de asegurar la permanencia y calidad del servicio. Y señalaron, además, la decisión de terminar anticipadamente contratos vigentes gestionados por la fiduciaria, lo que podría provocar intermitencias que afectarían derechos fundamentales de los privados de la libertad.

Entre los riesgos identificados por Pablo Bustos se destacan:

• Asistenciales y de derechos humanos: el cambio intempestivo, sin respaldo técnico, jurídico ni financiero, podría interrumpir servicios esenciales, según el denunciante, vulnerando los principios constitucionales de continuidad y progresividad. La regresión en la garantía del derecho a la salud y la vida resulta una preocupación central, según ambas quejas.

• Fiscales y de gestión de recursos públicos: Bustos advirtió que el modelo de operador único nacional puede derivar en indemnizaciones y sobrecostos por la terminación de contratos, así como en un uso ineficiente del dinero público asignado al sistema penitenciario de salud. La sostenibilidad financiera del Fondo Nacional de Salud también se considera amenazada.

• Disciplinarios y penales: el veedor hizo énfasis en la posibilidad de irregularidad disciplinaria, falta gravísima, prevaricato y abuso de función pública, por adoptar decisiones estructurales sin estudios ni soporte real. Asimismo, advierten sobre la expedición de actos administrativos sin fundamento y el riesgo de que tales acciones generen responsabilidades individuales para los funcionarios involucrados.

En sus solicitudes a los entes de control, la solicitud de la Red de Veedurías es que exista una intervención preventiva e inmediata de los organismos de control. La organización, en análisis del denunciante, requiere la evaluación minuciosa de los riesgos, la investigación de posibles faltas disciplinarias y fiscales, y la adopción de medidas que eviten un retroceso o suspensión de los servicios de salud a la población privada de la libertad.

Frente a esta petición, según Bustos, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y representantes de los propios reclusos han expresado escepticismo sobre la capacidad de la Nueva EPS para abordar los retos de la atención en contextos penitenciarios. A su juicio, la falta de adecuación del modelo ordinario de la EPS a esta población podría causar serios temores por los efectos de una transición acelerada.