El Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, adjudicó contratos de publicidad institucional por un valor total de $71.893 millones, entre el 26 y el 30 de enero de 2026, siendo este el periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, y en medio de una emergencia económica, social y ambiental. Así lo denunció la representante a la Cámara Katherine Miranda, que expuso lo que sería, según ella, el derroche del Ejecutivo.
Miranda advirtió sobre la concentración del 90% del gasto en Radio Televisión Nacional de Colombia, Rtvc, y señaló que el monto y el momento en que se firmaron estos contratos son motivo de alarma.
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“Firmar más de $70.000 millones en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos. La pauta institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en año electoral”, expresó la congresista opositora, que se ha encargado de poner la lupa sobre algunas de las ejecutorias del actual Gobierno y la destinación de recursos.
En ese orden de ideas, el informe en mención detalló que, de 16 contratos suscritos en esa semana, doce fueron adjudicados a Rtvc, por un monto superior a $64.000 millones, equivalente al 89% del total. Los contratos restantes se distribuyeron entre la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda., Servicios Postales Nacionales S.A.S. y la Confederación Colombiana de Consumidores, según pudo establecer la representante bogotana en su recopilación.
En su denuncia, las entidades contratantes abarcaron principalmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Deporte.
Katherine Miranda advirtió preocupante panorama en materia de contratación en pauta, en contraste con 2022
De esta manera, Miranda contrastó estas cifras con el mismo periodo de 2022, bajo el gobierno del entonces presidente Iván Duque Márquez, cuando Rtvc recibió alrededor de $1.500 millones en contratos de pauta oficial. La asignación en 2026 superó los $64.000 millones, lo que representa un incremento del 4.166%; es decir, el valor fue más de 42 veces superior al del periodo equivalente de la administración anterior, lo que encendió las alertas de su equipo.
Y sostuvo que la contratación masiva y la concentración de recursos en una sola entidad pública podrían constituir un uso inadecuado de fondos estatales con efectos políticos. “Es evidente un claro direccionamiento de recursos públicos en plena época electoral para posicionar la agenda del Gobierno con recursos de todos los colombianos, convirtiendo la pauta institucional en una herramienta de propaganda gubernamental”, señaló Miranda en su denuncia.
A su vez, la representante apuntó además a las posibles vulneraciones de los principios de transparencia, planeación y neutralidad en la contratación estatal. Por tal motivo, adelantó que llevará la denuncia y la documentación correspondiente ante los organismos de control, para que se investigue si hubo irregularidades y se determinen responsabilidades en lo referente a la asignación de recursos del orden estatal para pauta.
Los 12 contratos que levantaron la sospecha de Katherine Miranda:
- Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: $14.500 millones
- Ministerio de Educación: $10.600 millones
- Ministerio de Justicia: casi $8.000 millones
- Ministerio de Salud: $6.800 millones
- Agencia Nacional de Tierras: $6.000 millones
- Ministerio de Cultura: $4.377 millones
- Ministerio del Interior: $3.200 millones
- Ministerio de Ambiente: $3.000 millones
- Ministerio de Relaciones Exteriores: $2.900 millones
- Superintendencia Nacional de Salud: $2.453 millones
- Ministerio de Transporte: $1.390 millones
- Ministerio del Deporte: $700 millones
Estos contratos abarcaban, de acuerdo con lo expresado por la parlamentaria, la ejecución de campañas de comunicación, divulgación institucional, producción de contenidos y difusión en medios tradicionales y digitales. La mayor parte quedó registrada en los días previos a las restricciones legales impuestas por la Ley de Garantías, en medio de la controversia sobre el uso de la pauta oficial, en una administración que ha centralizado sus comunicaciones.
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