Clínica de Nuestra Señora de los Remedios en Cali suspendió el servicio para miles de usuarios de la Nueva EPS

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios decidió suspender la atención a los usuarios de la Nueva EPS en Cali, una medida que responde a la falta de contrato vigente entre ambas entidades y se produce en medio de una crisis financiera que afecta gravemente al sistema de salud del Valle del Cauca, donde la deuda total de las EPS con clínicas y hospitales ya supera los $6 billones.

Este recorte impacta directamente a los pacientes afiliados, que se ven forzados a buscar servicios en otras instituciones de la red prestadora asignada por su aseguradora.

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Esta suspensión fue notificada a través de un comunicado oficial de la clínica, que explicó: “No es posible brindar atención a sus usuarios afiliados”.

La determinación comenzó a aplicarse desde el 5 de febrero de 2026 y deja sin cobertura en este centro a la totalidad de los pacientes de la Nueva EPS, muchos de los cuales acudían para tratamientos de alta complejidad, incluidas enfermedades oncológicas.

En su mensaje, el centro de salud ofreció disculpas por las incomodidades que esta situación genera y reiteró que la decisión obedece a circunstancias ajenas a su control administrativo.

La institución resaltó su compromiso con los principios de legalidad, calidad y sostenibilidad, aunque evitó entregar mayores precisiones sobre los motivos particulares detrás del vencimiento o falta de renovación contractual.

Frente a la interrupción de servicios, la clínica recomendó a los usuarios consultar a la Nueva EPS para recibir información sobre la nueva red de prestadores y garantizar la continuidad de su atención médica.

El comunicado de la entidad destaca: “Los usuarios afiliados a Nueva EPS deberán dirigirse a la red de prestadores asignada para la continuidad de su atención médica”.

El cierre de este servicio emblemático se suma a un escenario marcado por quejas y denuncias públicas respecto a las barreras en el acceso oportuno a tratamientos y medicamentos.

Ese hecho llevó a la Defensoría del Pueblo a iniciar la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (Dipsa), cuyo primer eje fue precisamente la Nueva EPS.

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la estrategia se justifica por “la crisis estructural del sistema de salud” y responde a hallazgos contenidos en el informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, tras el seguimiento realizado a través de Puestos de Mando Unificado en salud en 17 departamentos y 20 regionales, junto a más de 50 reuniones interinstitucionales y un impacto potencial sobre más de 20 millones de personas.

En el periodo 2022-2025, la Defensoría recogió cerca de 107.000 quejas asociadas al derecho a la salud, la mayoría por demoras o negaciones en la entrega de medicamentos. Solo en la Nueva EPS se registraron 14.603 quejas entre enero y diciembre de 2025, un crecimiento del 107% respecto al año 2024.

El fenómeno golpea con especial dureza a los pacientes de alto costo: entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se contabilizaron cerca de 5.000 quejas, con un alza notoria en enero de 2026, cuando se reportaron aproximadamente 1.100 casos en apenas 20 días.

El llamado institucional a adoptar medidas de choque también proviene de la Procuraduría General de la Nación, que demandó a la Nueva EPS la implementación urgente de un plan de contingencia capaz de garantizar atención integral, especialmente en lo referente a disponibilidad y entrega de medicamentos.

El pasado 8 de enero de 2025, la entidad realizó una mesa de seguimiento en la que instó a las autoridades a continuar el ajuste estructural del modelo y activar contingencias para los pacientes críticos, entre ellos quienes padecen enfermedades huérfanas o viven con VIH.

Desde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes advirtió sobre el riesgo de complicaciones clínicas y agravamiento generalizado de los estados de salud ante la interrupción de servicios: “Esto significa que se incrementan las barreras de acceso a los pacientes de la Nueva EPS (…) habrá mayor número de personas insatisfechas no atendidas y que habrá agravamiento de sus estados de salud. Tenemos limitaciones en toda parte porque la deuda de la EPS crece y los prestadores empiezan a limitar la prestación de servicios”.

Este cuadro crítico encuentra eco en el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, que detalló que solo el Hospital Universitario del Valle mantiene la atención a usuarios de Nueva EPS, situación que ha derivado en la sobrecarga de pacientes y en retrasos en la calidad de la atención que requieren.

Escobar reseñó una cartera hospitalaria de 3 billones de pesos solo en Cali, más una cartera acumulada para las empresas sociales del Estado superior a $65.000 millones, y una deuda particular con el Hospital Universitario del Valle que puede ascender a más de $600.000 millones.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, lamentó la extensión del problema y enfatizó: “Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad, con oportunidad y con prontitud para que, de esa forma, no se afecten”.

Este panorama ha dejado a cerca de un millón de afiliados de la Nueva EPS en el Valle del Cauca en una situación de incertidumbre ante la restricción de uno de los principales prestadores privados en Cali, mientras centros públicos ven incrementada la presión sobre su red y las autoridades departamentales reclaman acciones inmediatas para estabilizar el flujo de recursos y garantizar que los pacientes reciban la atención necesaria sin demoras ni interrupciones.