La delegación oficial del Gobierno colombiano confirmó que el viernes 6 de febrero viajará a Quito para encarar la disputa arancelaria y diplomática que en las últimas semanas amenaza con transformar el intercambio bilateral y repercutir en la economía de regiones fronterizas.
El grupo, dirigido por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, explorará fórmulas de consenso para frenar la aplicación recíproca de aranceles del 30%, una medida que desde finales de enero ha generado inquietud entre sectores productivos y comerciales de ambos países.
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El Gobierno nacional anticipó que el restablecimiento del diálogo permitiría neutralizar las represalias y sentar las bases para un acuerdo que detenga la escalada y reactive el flujo de bienes, energía y cooperación en seguridad.
Uno de los puntos culminantes de esta agenda bilateral será la discusión sobre la reciente decisión de Ecuador de incrementar hasta USD 30 por barril la tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (Sote), un alza de 900% frente al valor anterior, según explicó la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, al medio Caracol Radio.
Este ajuste afecta directamente a la estatal colombiana Ecopetrol y constituye una de las principales preocupaciones que abordará la misión colombiana en Quito.
Por parte de Ecuador, la contraparte estará encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad, Gabriela Sommerfeld, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
Está prevista una reunión entre ambos ministros de Defensa con el objetivo de revisar los mecanismos de cooperación en seguridad fronteriza, un ámbito que ha estado bajo presión por el recrudecimiento de la violencia y la operación de grupos criminales en la zona limítrofe, registrando 52 homicidios por cada 100.000 habitantes en territorio ecuatoriano, la mayor tasa de América Latina.
La canciller Villavicencio confirmó en entrevista con Blu Radio que Colombia planteó una propuesta integral relacionada con seguridad, comprometiéndose a erradicar 5.000 hectáreas de coca en la frontera y reforzar la presencia militar para combatir la criminalidad organizada.
La funcionaria subrayó la disposición de Colombia a retirar el arancel impuesto a productos ecuatorianos “siempre y cuando Ecuador haga lo propio”, una oferta destinada a desactivar el ciclo de medidas punitivas.
Así mismo, la Cancillería emitió un comunicado en el que relaciona los puntos más relevantes de la reunión: “Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”.
Desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa justificó el primer arancel por una supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en cuestión de seguridad fronteriza, la respuesta colombiana no se hizo esperar: el Gobierno ordenó restringir la venta de energía eléctrica a Ecuador y aplicar gravámenes a más de 50 productos ecuatorianos, lo que multiplicó el impacto no solo en el plano comercial, sino en el energético y en la cooperación bilateral.
Esta situación llevó a que el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitara recientemente la intervención del mandatario estadounidense Donald Trump: “Le pedí al presidente Trump que me ayudara en ese aspecto, que ya que habíamos sido amigos con Noboa, que volviéramos a ser amigos y él dijo: ‘Bueno, voy a llamarlo para tratar de que se reconstituya una triple alianza contra el narcotráfico’”, declaró Petro en conversación con Caracol Radio. Ante la pregunta de si Trump asumirá el papel de mediador, el presidente colombiano fue enfático: “Así es”.
En la comitiva de Colombia figuran, además de la canciller Villavicencio y el ministro Sánchez, los titulares de Justicia, Jorge Iván Cuervo; Minas y Energía, Edwin Palma; Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales; y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Por parte de Ecuador, los contactos institucionales centrales serán con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Defensa. Otros encuentros previstos incluyen sesiones con los cónsules colombianos en Quito.
Las negociaciones están marcadas por la urgencia de frenar un deterioro en las relaciones que impacta desde el empleo hasta la estabilidad comercial y social en los territorios fronterizos, históricamente dependientes de la fluidez binacional. Las primeras conversaciones técnicas y políticas definirán no solo el levantamiento de los aranceles, sino la hoja de ruta para la cooperación futura entre ambos Estados sudamericanos.
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