Colombia presentó ante Estados Unidos los resultados de su estrategia de seguridad, consolidando su papel como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Durante la reunión en Washington entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, la delegación colombiana expuso cifras que respaldan la acción conjunta de ambos países frente a organizaciones criminales y terroristas.
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La presentación, titulada Colombia: Aliado #1 de Estados Unidos contra los terroristas, sirvió para contextualizar a la administración estadounidense sobre los avances y desafíos de la política antidrogas implementada por el Gobierno colombiano. El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad y la neutralización de amenazas transnacionales.
Resultados en la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas
En el área de drogas y cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que, al cierre del gobierno anterior, Colombia registraba 218.246 hectáreas de cultivos de coca, un aumento del 69% respecto al inicio de ese mandato. En contraste, durante la actual gestión, el incremento se contuvo, con solo un 18% más de hectáreas sembradas (39.898 nuevas hectáreas hasta 2025).
De acuerdo con datos presentados a la administración Trump, la fuerza pública colombiana incautó 3.172 toneladas de cocaína en lo que va del Gobierno Petro. Este volumen representa una afectación calculada en 92 billones de dólares para las economías ilegales y el retiro de 42 billones de dosis del alcance de consumidores.
La ofensiva también incluyó la destrucción de 18.509 laboratorios de droga, lo que equivale a un laboratorio desmantelado cada 40 minutos, según datos revelados por el Ministerio de Defensa.
Operaciones militares y costos humanos
El informe presentado en Washington destacó que entre 2022 y 2026 se neutralizaron 14.119 integrantes de organizaciones armadas ilegales, a través de 1.436 combates registrados. Estas operaciones suponen un alto costo para la fuerza pública, con 360 militares y policías asesinados y 1.681 más heridos.
De acuerdo con lo expuesto por el ministro Sánchez, la estrategia contra el narcotráfico pone especial énfasis en la acción contra los llamados “objetivos de alto valor”, sin distinción entre capos armados y operadores financieros que actúan desde el exterior.
“En todas las circunstancias prevalece siempre el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley. Las operaciones de la fuerza pública contra objetivos de alto valor con capacidad armada se desarrollan de acuerdo con la evolución de las amenazas, dentro del marco jurídico vigente y conforme a los lineamientos derivados de los procesos de diálogo, cuando estos existen”, afirmó el titular de la cartera.
‘Iván Mordisco’, ‘Pablito’ y ‘Chiquito Malo’ están en la mira del Estado
De cara al futuro inmediato, el Gobierno colombiano se fijó como meta dar con el paradero y neutralizar a tres de los principales líderes de estructuras criminales: Alias Chiquito Malo (Clan del Golfo), Alias Pablito (ELN) y Alias Iván Mordisco (Disidencias de las Farc).
Por cada uno, el Estado ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones y órdenes de captura vigentes por delitos como homicidio, terrorismo, rebelión, narcotráfico, secuestro y desplazamiento forzado.
La cooperación con Estados Unidos se mantiene como un pilar para lograr estos objetivos, especialmente en la persecución de los llamados “capos invisibles”, responsables de financiar y coordinar la actividad criminal desde el extranjero.
Las autoridades estadounidenses reiteraron su respaldo a la acción coordinada, reconociendo el papel estratégico de Colombia en la contención del narcotráfico regional.
Desmovilización y perspectiva legal
El Gobierno subrayó que la mejor decisión para los integrantes de los grupos armados ilegales es la desmovilización, ya que “vivir en la ilegalidad no es una opción, es una elección”, advirtió Pedro Sánchez.
La suspensión de las órdenes de captura solo se contempla durante el desplazamiento de combatientes a las Zonas de Ubicación Temporal, como establece la Resolución 274 de diciembre de 2025.
La cooperación bilateral seguirá centrada en el intercambio de inteligencia, el fortalecimiento de capacidades y la persecución judicial de los responsables de delitos transnacionales. Como concluyó el ministro de Defensa, “siempre habrá oportunidades acorde a la constitución y la ley”.
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