El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, radicó una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
De acuerdo con la denuncia, acusa a la congresista de haber excedido sus funciones al solicitar información confidencial sobre operativos de la fuerza pública en Antioquia, lo que habría puesto en riesgo la seguridad de los uniformados involucrados.
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La queja surge luego de que la revista Semana publicara una investigación en la que se detallan las acciones de la senadora. Según el informe, Zuleta intentó acceder a información sensible relacionada con la lucha contra la minería ilegal en diversas zonas del departamento de Antioquia.
De Bedout consideró que estas peticiones no solo vulneran la reserva legal, sino que constituyen una intervención ilegítima del poder legislativo en temas de seguridad.
De acuerdo con la denuncia presentada por De Bedout, Isabel Zuleta solicitó detalles sobre los operativos de la fuerza pública, incluidos coordenadas GPS, fuentes de inteligencia y los nombres de los uniformados que participaron en las acciones contra la minería ilegal. Estos operativos tuvieron lugar en municipios como Yalí, San Roque, Amalfi, Anorí, Buriticá y Caucasia, en Antioquia, así como en Marmato (Caldas).
“La solicitud de estos datos no solo pone en peligro las operaciones, sino que también compromete la seguridad de los agentes que participaban en zonas de alto riesgo, controladas por grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN”, explicó De Bedout.
La denuncia también destaca que, debido a la naturaleza de la minería ilegal en Antioquia, los operativos de la fuerza pública a menudo se desarrollan en territorio controlado por bandas armadas. Según la revista que reveló el actuar de la legisladora, varios oficiales de la Policía Nacional expresaron su preocupación por las solicitudes de Zuleta, ya que implican una posible filtración de información crítica.
En particular, la solicitud de la senadora incluía la identidad de los uniformados y los informes de inteligencia, lo que para los oficiales es un riesgo latente de filtración que podría ser aprovechado por los grupos criminales para frenar las operaciones.
La investigación de la revista revela que en algunas de las zonas intervenidas hay sospechas de que los mineros ilegales están vinculados con estructuras armadas ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
De esta manera, Alejandro de Bedout, en su denuncia, solicitó además la suspensión provisional de Isabel Zuleta de su cargo como senadora mientras avanza la investigación. Según el concejal, la gravedad de los hechos requiere medidas inmediatas para evitar mayores filtraciones de información y proteger la integridad de las operaciones de seguridad.
“La solicitud de información que hizo la senadora violenta la reserva legal y pone en peligro tanto a los uniformados como a la comunidad en general. Es fundamental que la Procuraduría actúe con rapidez y evalúe la posibilidad de suspenderla provisionalmente hasta que se esclarezcan los hechos”, señaló el concejal por medio de un video compartido en sus redes sociales.
Esta fue la reacción de Isabel Zuleta sobre las acusaciones en su contra
La senadora Isabel Zuleta utilizó su cuenta de X para denunciar presiones y corrupción relacionadas con la minería en el Nordeste de Antioquia. En su mensaje, afirmó haber recibido información sobre operativos policiales contra la minería en la región, los cuales, según ella, desestiman los procesos de formalización minera y favorecen la minería ilegal asociada a grupos criminales como el Clan del Golfo.
Zuleta, que se presenta como garante de la ‘Mesa por la Vida’ —colectivo feminista colombiano—, solicitó una reunión urgente con las entidades del gobierno que han hecho compromisos con los mineros para formalizar su actividad.
La congresista criticó fuertemente la actitud de la Policía, al señalar que los operativos “solo benefician al Clan del Golfo” y que “hay mucha corrupción” en las fuerzas de seguridad, que, según ella, extorsionan a los mineros.
La senadora también planteó dudas sobre los intereses detrás de los operativos, por lo que sugirió que la Gobernación de Antioquia, la Policía y la revista —que realizó la investigación periodística sobre ella— estarían actuando en complicidad para evitar la formalización minera.
En su mensaje, Zuleta aseguró que su vida está en peligro debido a las denuncias que ha realizado y recordó el caso de Jaime Gallego Mongo, un líder minero que fue asesinado tras denunciar extorsiones policiales: “Si algo me pasa, es responsabilidad de la Policía, la Gobernación de Antioquia, Fico y Carrasquilla”.
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