La defensa de Álvaro Uribe Vélez hizo pública su postura frente a la posible reactivación de tres procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía General de la Nación.
El exmandatario, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enfrenta investigaciones por su presunta vinculación con las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), así como el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo (1998), defensor de derechos humanos.
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En el documento oficial, la defensa rechaza la reapertura de los expedientes e insiste en que “no existen pruebas técnicas ni testimoniales sólidas” para sustentar las acusaciones.
El abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, aseguró que “durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”.
Granados advirtió que los intentos de reactivar los procesos responden a intereses electorales, situando el contexto en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.
Masacre de El Aro
Uno de los ejes de la argumentación se centra en la masacre de El Aro, ocurrida entre el 22 y el 26 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia, donde más de 150 paramilitares asesinaron al menos a 15 campesinos.
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La acusación sostiene que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría transportado o supervisado a los responsables bajo órdenes de Uribe, entonces gobernador del departamento.
La defensa subraya que “las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona”, según expone el documento.
Granados enfatizó que los testimonios que sostienen lo contrario resultan contradictorios y fueron recogidos “bajo el terror”, lo que habría derivado en confusiones entre aeronaves militares, privadas y oficiales.
El equipo legal también cuestionó la credibilidad del testimonio de Francisco Villalba Hernández, exparamilitar condenado por la masacre de El Naya, que aseguró haber visto a Uribe en la zona felicitando a los paramilitares.
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La defensa señaló que, en las fechas indicadas por Villalba, Uribe se encontraba cumpliendo agenda pública en Medellín y Bogotá, con “múltiples testigos y registros oficiales” que descartan la presencia del entonces gobernador en la escena.
Masacre de La Granja
El segundo proceso se refiere a la masacre de La Granja, cometida el 11 de junio de 1996, cuando integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas en Ituango. La acusación plantea una presunta responsabilidad de Uribe por omisión en su calidad de gobernador.
Granados sostiene que la función del gobernador era de carácter administrativo y que no existía mando operativo sobre las fuerzas militares o policiales, en línea con el artículo 296 de la Constitución de 1991.
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“Existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona”, afirma el documento, que descarta una conducta omisiva penalmente relevante.
La defensa remarca que la incapacidad de la fuerza pública para responder en un territorio de difícil acceso, dominado en ese momento por las extintas Farc, no puede interpretarse como dolo ni aquiescencia del mandatario civil.
Homicidio de Jesús María Valle
El documento presentado ante la Fiscalía también aborda la investigación por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en 1998. Valle había denunciado la cooperación entre paramilitares y agentes estatales y fue asesinado por un comando paramilitar en su oficina de Medellín.
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La defensa de Uribe sostiene que “no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados”.
El documento subraya que la vinculación del expresidente proviene de una construcción política “ex post facto” con el propósito de elevar la responsabilidad a un “crimen de Estado”, sin respaldo probatorio.
Entre los testigos señalados, la defensa rechazó las versiones de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que vinculó a Uribe con el conocimiento de operaciones paramilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Según el escrito presentado, “Mancuso ha cambiado su versión múltiples veces según su conveniencia jurídica”. También se recordó que negó vínculos con Uribe en 2006 y 2012 y que su cambio de relato coincide con la búsqueda de beneficios en la justicia transicional.
La defensa refutó cualquier visita de Mancuso a la hacienda El Ubérrimo y negó vínculos ilegales con jefes paramilitares, recalcando que varios de ellos fueron extraditados durante el gobierno de Uribe.
Las Convivir
El documento aborda el tema de las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada creadas en los años noventa. La defensa, encabezada por Granados, argumentó que estas asociaciones surgieron bajo el marco legal del Decreto 356 de 1994 y que no constituyeron una iniciativa arbitraria de la Gobernación de Antioquia.
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“Los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador”, sostiene el oficio.
La estrategia de la defensa cuestionó también la instrumentalización de figuras como Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno de Antioquia, señalado como supuesto enlace con las AUC.
Granados afirmó que “atribuirle conductas criminales para luego, por vía de inferencia, manchar a Uribe es una estrategia cobarde y jurídicamente insostenible. La responsabilidad penal es individual”.
La defensa insiste en que, tras casi tres décadas de señalamientos, los procesos no han aportado pruebas nuevas y que la reactivación de los mismos se produce en un contexto de alta polarización política, con la proximidad de los comicios presidenciales de 2026.
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