
El aumento de delitos contra mujeres y menores de edad en Bogotá generó una profunda preocupación entre miembros del Concejo de la ciudad. En un debate de control político desarrollado el 3 de febrero, las concejalas Rocío Dussán (Polo Democrático) y Quena Ribadeneira (Pacto Histórico) denunciaron una escalada de violencias que afecta la vida cotidiana y la seguridad de los sectores más vulnerables, apoyándose en cifras oficiales y análisis propios que muestran un panorama crítico.
Durante la intervención, Dussán cuestionó el enfoque de la Administración distrital en materia de seguridad, al señalar que la gestión se limita a exhibir “gráficas y cifras agregadas”, mientras el miedo y la desconfianza crecen en los barrios.
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La cabildante presentó datos que evidencian un incremento significativo en delitos de alto impacto. El secuestro mostró un alza del 82%, al pasar de un promedio de 14 casos anuales a más de 25 en los últimos años. La extorsión también registró un crecimiento del 59% en el mismo periodo. Para Dussán, estos indicadores reflejan que “la libertad se volvió mercancía”.

Uno de los aspectos más alarmantes es la focalización de las estructuras criminales en mujeres y menores. Según la concejala, la extorsión contra mujeres aumentó un 85% y la extorsión a menores de edad subió un 91%. La situación dejó en evidencia que los delitos ya no solo afectan a grandes empresarios, sino que “vacunan a la mujer de la tienda, a la vendedora popular y a nuestros niños”, según expresó Dussán.
En el ámbito doméstico, la violencia intrafamiliar presentó un deterioro notable. La cabildante reveló que los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres se duplicaron, con un incremento del 103% durante la actual administración.

Los reportes de violencia intrafamiliar contra menores pasaron de 5.000 a más de 10.000 al año, en promedio. Además, los delitos sexuales contra niños y niñas aumentaron en un 50%. Para Dussán, estos datos demuestran que “Bogotá es hoy un lugar más hostil y más cruel para la niñez que hace dos años”. El homicidio de mujeres también creció un 20%, lo que contradice el relato oficial de una ciudad segura.
Dussán remarcó que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Carolina dicen que la seguridad solo es sostenible cuando existe tejido social, reducción de desigualdades y oportunidades reales para la juventud.
Según la cabildante, la confianza y el cuidado comunitario son herramientas imprescindibles que no pueden sustituirse con cámaras, drones o patrullas. Reiteró que el problema de fondo no es una persona o un cargo específico, sino un modelo de ciudad que prioriza indicadores sobre vidas humanas y “le da la espalda a la gente”.

Por su parte, la concejala Quena Ribadeneira alertó sobre el incremento sostenido de las violencias basadas en género. En 2025, Bogotá registró 233.294 atenciones por este tipo de violencias, 6.415 más que en 2024, lo que evidencia, según la cabildante, el fracaso de una política de seguridad que no logra prevenir ni proteger de manera efectiva a las mujeres. Ribadeneira destacó que en la ciudad cada hora una mujer es víctima de violencia sexual, lo que se suma a otras formas de agresión que afectan a miles de mujeres diariamente.
Localidades como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba y Engativá concentran la mayor cantidad de atenciones por violencias de género. En cuanto a la violencia intrafamiliar, los registros indican que cada 15 minutos una mujer es violentada en su propio hogar.
El transporte público tampoco es ajeno a la problemática. Según una encuesta de la Secretaría de la Mujer en 2025, siete de cada diez casos de violencia sexual en TransMilenio tienen como víctimas a mujeres. El 61,6% de estos hechos ocurre dentro de los buses, sobre todo, en horas pico, y solo el 4,9% de las víctimas o testigos formaliza una denuncia.

Ribadeneira cuestionó a la Administración distrital por el recorte de 1.200 millones de pesos en el presupuesto destinado a programas de atención y prevención de violencias basadas en género, decisión que debilita la capacidad institucional ante una problemática en aumento.
La cabildante insistió en que “esto no es un ajuste técnico: es una decisión política que expone a las mujeres a más violencia”. Según ella, en una ciudad donde las cifras demuestran que cada hora una mujer es agredida sexualmente, cada 15 minutos una sufre violencia en su hogar y se registran más de 233.000 atenciones por violencias de género, la reducción de recursos evidencia la ausencia de una política efectiva de protección y prevención.
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