Afiliados a fondos privados de pensiones le enviaron carta al Ministerio de Hacienda: alertan que decreto del Gobierno pondría en riesgo el ahorro pensional

La polémica por el futuro del ahorro pensional en Colombia volvió a encenderse. Afiliados a los fondos privados de pensiones enviaron una carta formal al ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que solicitan abstenerse de expedir un proyecto de decreto que modificaría el régimen de inversión en activos del exterior de los fondos de pensiones obligatorias.

El documento, conocido por Infobae Colombia, cuestiona de fondo la iniciativa del Gobierno y advierte que su aplicación tendría efectos directos y negativos sobre la rentabilidad de los ahorros de millones de colombianos.

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Los firmantes aseguran que cualquier cambio en las reglas de inversión impacta de manera directa su patrimonio, dado que los recursos de los fondos de pensiones son, por ley, propiedad de los afiliados y no de las administradoras.

Según la carta, el proyecto fue publicado el pasado 20 de enero, pero no incluyó información clave para que la ciudadanía pudiera evaluar adecuadamente sus motivaciones. En particular, señalan que no se hicieron públicos ni el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio ni el acta del Consejo Directivo de la Unidad de Regulación Financiera (URF), documentos citados en los considerandos del decreto.

“Nos están legislando sin preguntarnos”

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la falta de participación efectiva de los afiliados en la discusión. Aunque el Gobierno organizó mesas técnicas, los firmantes sostienen que estas se convirtieron en un trámite formal sin impacto real en las decisiones.

“Están legislando sobre un problema que es nuestro, algo que nos afecta directamente, pero no nos preguntan”, afirmó a este medio Jerome Sanabria, integrante del colectivo #NoConMiAhorro. Según explicó, durante una de las mesas técnicas, los representantes de los afiliados tuvieron apenas tres minutos para intervenir, mientras que las entidades contaron con hasta veinte.

Para Sanabria, esto desvirtúa el principio de participación consagrado en la Ley 100 de 1993, que reconoce el derecho de los beneficiarios de la seguridad social a intervenir en la organización y control del sistema. “Fue como si nos escucharan y ya. No hubo ninguna respuesta ni consideración a nuestros argumentos”, agregó.

Menor rentabilidad y más riesgo para los jóvenes

El eje central de la preocupación es económico. Los afiliados advierten que el decreto obligaría a liquidar una parte importante de las inversiones en el exterior para repatriar esos recursos al mercado local, lo que afectaría la rentabilidad de los portafolios.

Datos citados por el grupo indican que entre 2011 y 2025 las inversiones en el exterior rentaron en promedio un 8,5% efectivo anual, mientras que las inversiones en Colombia apenas alcanzaron un 3,8%. “Eso significa que nuestros rendimientos se podrían reducir prácticamente a la mitad”, explicó Sanabria.

El impacto sería mayor para los jóvenes, que suelen estar en los fondos de mayor riesgo y con un horizonte de inversión de largo plazo. El proyecto obligaría a que buena parte de sus nuevas cotizaciones se invierta en activos locales, reduciendo la diversificación internacional y exponiendo el ahorro a mayores riesgos en un mercado que, según advierten, no tiene la profundidad suficiente.

Advertencias de la Contraloría y riesgo fiscal

La carta también recoge alertas de la Contraloría General de la República, que ha señalado que limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo. El ente de control calcula que repatriar cerca de $177,8 billones invertidos hoy en el exterior podría significar dejar de percibir hasta $3,2 billones en rendimientos para las cuentas individuales de los afiliados.

Además, los firmantes advierten que una menor rentabilidad de los fondos privados podría convertirse en un problema fiscal a futuro. Menores ahorros implicarían mayores obligaciones para el Estado, que tendría que destinar más recursos para garantizar el pago de pensiones, especialmente entre 2037 y 2052.

Por todo lo anterior, los afiliados pidieron dos cosas concretas al Ministerio de Hacienda: que se amplíen los plazos de participación ciudadana una vez se publiquen los documentos faltantes, y que el Gobierno se abstenga de expedir el decreto. Mientras tanto, el colectivo #NoConMiAhorro continúa recogiendo firmas para respaldar la carta, en una carrera contra el tiempo que, aseguran, busca proteger el ahorro pensional de millones de colombianos.