Organización pidió ayuda a Petro por fallas en el esquema de protección de un líder social: “Profunda preocupación”

La organización Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) envió una misiva de carácter urgente al presidente Gustavo Petro, advirtiendo sobre los riesgos que enfrenta un líder social que cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Se trata de Jesús Antonio Álvarez, cuya integridad y vida estaría en grave riesgo debido a presuntas fallas que se estarían presentando en su esquema de protección.

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“Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social — CORPADES, organización defensora de derechos humanos, nos dirigimos a usted con profunda preocupación, indignación y sentido de urgencia, para denunciar los peligrosos protocolos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la constante negligencia de funcionarios públicos, empresas rentadoras y aseguradoras, que hoy mantienen en riesgo inminente de muerte a un líder social con esquema de protección estatal”, señaló.

De acuerdo con la organización, el 23 de diciembre la UNP entregó a Álvarez un vehículo que, según la denuncia, no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad y presentaba fallas técnicas que lo hacían inapto para circular. La situación llegó a un punto crítico cuando, durante un desplazamiento en San Pedro de Urabá, el vehículo se averió y quedó inhabilitado en una zona de riesgo elevado, exponiendo tanto al líder social como a su acompañante de seguridad.

“Se encontraba en el municipio de Tierralta, Córdoba, territorios de alta complejidad por el conflicto armado y la presencia de actores ilegales y, quien a pesar de contar con medidas de protección, denuncia reiteradamente fallas críticas en su esquema que ponen en riesgo su vida”, detalló.

Corpades indicó que, pese a las advertencias y solicitudes que hizo el defensor de derechos humanos para el cambio del vehículo, la aseguradora, la empresa rentadora y la propia UNP se negaron a proporcionar una solución. La organización señaló directamente a un funcionario identificado como Faider Garcés, que presuntamente sería responsable de bloquear alternativas urgentes, a pesar de que existían recursos públicos contratados para contingencias de este tipo.

La organización afirmó haber presentado denuncias formales y activado solicitudes tanto ante las instituciones locales como nacionales, sin obtener respuesta. “La indiferencia institucional resulta profundamente preocupante y revela una dolorosa realidad: a sectores del Estado no parece dolerles lo que le ocurre al líder social de a pie”, señaló en su misiva enviada al jefe de Estado.

En la carta, acusó también al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y al gestor Jhapson Velasco Velasco, así como al funcionario Garcés, por cualquier daño que pueda padecer Álvarez o su familia. Además, cuestionó al primer mandatario: “Señor Presidente, ¿qué puede esperar un líder social en Colombia si el mismo Estado que debe protegerlo lo abandona a su suerte? ¿Cómo hablar de garantías, paz total y defensa de la vida, cuando los esquemas de protección se convierten en un factor adicional de riesgo?”

Frente a esta situación, la organización exigió al Gobierno nacional una intervención directa para garantizar una solución para el líder social, el reemplazo del vehículo de seguridad defectuoso que le fue asignado, el despliegue de protocolos de contingencia, la auditoría integral de los contratos de vehículos de la UNP y la apertura de investigaciones disciplinarias y penales contra los responsables señalados.

“Señor Presidente, hoy la vida de un líder social y su familia depende de decisiones políticas inmediatas. Le solicitamos, con la urgencia que amerita la situación, salvar la vida de Jesús Antonio Álvarez, antes de que la negligencia estatal se traduzca en una tragedia irreparable. La impunidad y la indiferencia en la UNP no pueden seguir costando vidas”, concluyó.