Del Río aseguró que hay razones para llamar a indagatoria a Uribe por las masacres del Aro y La Granja: “Suficientes elementos”

El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a las víctimas en el proceso penal que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal –por los cuales fue absuelto en segunda instancia–, afirmó que el exmandatario podría ser vinculado en otro expediente.

A través de su cuenta de X, afirmó que el ex jefe de Estado podría ser llamado a indagatoria por dos masacres ocurridas en 1996 y 1997 en Ituango (Antioquia) y por el asesinato de un abogado y defensor de derechos humanos que denunció alianzas entre militares y paramilitares en las dos masacres; el homicidio fue perpetrado en 1998 en Medellín. Para entonces, Uribe Vélez era gobernador de Antioquia (1995-1998).

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“Existen suficientes elementos para llamarlo a indagatoria por la muerte de Jesús María Valle y las masacres del Aro (1997) y la granja (1996)”, indicó el profesional en Derecho en la red social.

Las declaraciones de Del Río surgieron por una publicación del expresidente Uribe, en la que indicó que fue informado sobre la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación lo llame a indagatoria por estos hechos y lo vincule formalmente en el expediente del caso.

“Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a ud, otro dijo que después de elecciones”, indicó el exmandatario, refiriéndose a la información que recibió al respecto, cuyo remitente no reveló.

Detalles de las masacres y el asesinato

De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, la masacre documentada en el corregimiento La Granja se registró el 11 de junio de 1996. Fue perpetrada por 30 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que mataron a cinco personas, que fueron sacadas a las calles y acusadas de ayudar a guerrilleros, aunque no hacían parte de ningún grupo armado.

Según Rutas del Conflicto, la masacre que se registró en el corregimiento del Aro tuvo lugar entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Fue perpetrada por 150 paramilitares de las Accu, que señalaron a la población de ser colaboradora de la guerrilla y asesinaron a 12 personas, quemaron 42 viviendas, secuestraron a algunos ciudadanos y generaron el desplazamiento de miles de personas.

El defensor de derechos humanos Jesús María Valle fue asesinado por un comando paramilitar en su oficina ubicada en Medellín. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, se presume que los paramilitares actuaron con el respaldo de agentes del Estado.

Uribe anunció acciones ante posible llamado a indagatoria

De acuerdo con el exmandatario, sus abogados están preparando una solicitud que enviarán a la Fiscalía sobre estos hechos. De igual manera, aseguró que enviará una carta en la que expondrá varios puntos, entre ellos, la acusación que hicieron en su contra dos fiscales que fueron nombrados por el exministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre, que fue declarado como víctima en el caso contra Uribe Vélez por soborno a testigos.

“Recordaré a la señora Fiscal mi respeto durante estos años no obstante que ella ha trabajado con el magistrado Iván Velásquez, cuya enemistad profunda conmigo ha sido notoria durante años”, precisó el exmandatario en la red social.

Asimismo, informó que volverá a exponer los argumentos que dio en versión libre en su momento sobre esos tres hechos violentos ocurridos mientras era gobernador. Recalcó que durante ese periodo ocurrieron decenas de masacres en el departamento.

“Repetiré todo lo que dije en versión libre y en declaración ante fiscales, tanto sobre el asesinato del dr Valle Jaramillo, ocurrido cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, como sobre las masacres del Aro y la Granja, que hacen parte de más de 90 que ocurrieron en Antioquia, entre ellas el asesinato a 28 campesinos por parte de la FARC, a 15 minutos del sitio donde yo me encontraba en un evento como gobernador”, precisó.

Aseguró que no es posible que se aplique el argumento de que hubo omisiones por parte de la Gobernación en Ituango y defendió el trabajo que llevó a cabo la administración departamental en materia de seguridad.

“Desde 1997 soporto estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí. Me compulsaron por una reunión que la misma fiscalía encontró inexistente. Y quieren sustituir la falta de pruebas por un contexto paramilitar que desconoce el contexto guerrillero. Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”, añadió.