Los inspectores de Policía de Bogotá anunciaron un paro este viernes 30 de enero, desde las 9:00 de la mañana, en la Secretaría de Gobierno, como medida de presión ante lo que consideran un incumplimiento en la implementación de la Ley 2492 de 2025, norma que transformó sus cargos a Inspectores de Convivencia y Paz y que debía entrar plenamente en vigencia desde julio del año 2025.
La Ley 2492 fue implementada el 23 de julio de 2025 y estableció un periodo de transición de seis meses para que las entidades territoriales ajustaran su estructura administrativa, salarial y funcional.
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Ese plazo venció a la medianoche del 22 de enero de 2026. Sin embargo, en Bogotá, aseguran los funcionarios, la Alcaldía aún no ha expedido la resolución correspondiente, la cual debe ser firmada por el alcalde Carlos Fernando Galán.
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De acuerdo con los inspectores en declaraciones a Infobae Colombia, la falta de voluntad política ha retrasado la aplicación de la ley, pese a que en otras ciudades del país el proceso avanzó con mayor rapidez.
“A nivel nacional la implementación fue casi inmediata. En Medellín, por ejemplo, los inspectores ya gozan de los beneficios que establece la ley, mientras que en Bogotá seguimos esperando”, señalaron voceros sindicales.
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Uno de los principales reclamos tiene que ver con el reconocimiento salarial y de carrera administrativa. Aunque oficialmente ya se les asignó el nombre de Inspectores de Convivencia y Paz, los trabajadores aseguran que ese cambio no se ha visto reflejado en su remuneración ni en su nivel jerárquico.
Según explicaron, muchos funcionarios se encuentran actualmente en el grado 23, cuando por dignidad laboral y las responsabilidades que asumen deberían estar ubicados en un grado superior, cercano al 32, lo que implicaría un aumento salarial y mejores condiciones económicas conforme a la escala del empleo público.
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“Nos cambiaron el nombre, pero seguimos percibiendo el mismo salario y bajo las mismas condiciones. La ley es clara y no se está cumpliendo”, manifestaron.
En ese sentido, denuncian que sus derechos laborales han sido dilatados y que las discusiones internas se han centrado en interpretaciones relacionadas con la ley de garantías, argumento que, según los inspectores, no aplica en este caso. “Nos dijeron en noviembre que la implementación vendría después de la ley de garantías, pero son asuntos distintos. Eso solo ha servido para aplazar una decisión que ya debía tomarse”, indicaron.
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Los funcionarios aseguran que, tras una pequeña manifestación realizada el pasado 23 de enero, lograron que la administración distrital acelerara algunos trámites.
“En ocho días adelantaron una gestión administrativa que normalmente habría tomado dos meses”, explicaron. Actualmente, el proyecto de resolución ya estaría listo, pero sigue pendiente la firma del alcalde.
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Además del tema salarial, los inspectores también reclaman mejores condiciones de infraestructura y dotación para el ejercicio de sus funciones.
Señalan que muchas inspecciones carecen de los equipos y espacios adecuados para atender a la ciudadanía, lo que afecta directamente la prestación del servicio y la implementación real del enfoque de convivencia y paz que promueve la ley.
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La protesta de este viernes se realizará tanto en la entrada como al interior de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de visibilizar la situación y presionar una pronta respuesta por parte de la administración distrital.
En total, existen 208 cargos de inspectores en Bogotá, de los cuales aproximadamente 170 están posesionados. A ellos se suman otros funcionarios vinculados a la Secretaría de Gobierno que también se verían beneficiados con la implementación de la ley.
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Los sindicatos informaron que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, sostuvo recientemente una reunión con representantes de los inspectores y les transmitió un parte de tranquilidad, asegurando que el proceso avanza. No obstante, los funcionarios esperaban que la implementación se concretara durante la presente semana, lo que finalmente no ocurrió.

“Estamos reclamando algo que ya es ley de la República. No estamos pidiendo privilegios, sino que se respeten nuestros derechos laborales”, concluyeron. El paro de este viernes 30 de enero busca, según explicaron, llamar la atención de la opinión pública y de las autoridades distritales para que la Ley 2492 de 2025 se aplique de manera inmediata en Bogotá.
Desde Infobae Colombia se intentó conocer la posición oficial de la Secretaría de Gobierno frente a la manifestación anunciada por los inspectores. Sin embargo, fuentes de la entidad señalaron que no tenían conocimiento previo del paro convocado para este viernes y no entregaron detalles sobre el estado actual de la firma de la resolución que permitiría implementar la Ley 2492 en el Distrito.
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