El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno nacional está evaluando presentar una propuesta de constituyente al Congreso de la República, en el marco de la discusión sobre reformas estructurales que el Ejecutivo considera prioritarias.
La declaración se produce después de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido en diciembre por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, medida que ha reconfigurado el escenario político y legislativo en Colombia.
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Durante su intervención en la asamblea del partido En Marcha, Sanguino señaló que el Ejecutivo proyecta elevar el proyecto al Congreso el 20 de julio de 2026, coincidiendo con la instalación del nuevo período legislativo.
“Nosotros lo estamos promoviendo desde el Gobierno nacional. Será un proyecto de ley que le presentaremos al Congreso de la República el 20 de julio cuando se instale el nuevo Congreso. Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, aseguró.
El anuncio subraya la intención del Gobierno de avanzar en cambios sociales, laborales y tributarios, incluso si enfrenta resistencia dentro del Congreso. Sanguino precisó que la convocatoria a una eventual asamblea constituyente se plantea como un mecanismo complementario al trámite legislativo tradicional, y no como un reemplazo automático de la función legislativa.
Se le cayó a Petro la emergencia económica
El pronunciamiento del ministro llega en un contexto marcado por la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, que fue adoptada por la Corte Constitucional con seis votos a favor y dos en contra.
Se trata de la primera vez que el tribunal utiliza este mecanismo cautelar, que podría tener repercusiones en las próximas elecciones y en el clima político y económico del país.
Según la Corte, regresar a la situación legal anterior al decreto sería “materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales”, como lo expuso el magistrado Carlos Camargo en su ponencia de 86 páginas.
La medida provisional busca prevenir daños económicos irreversibles mientras se continúa el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, cuya decisión final se prevé en los próximos meses.
El presidente Petro reaccionó de inmediato al fallo, señalando al magistrado Camargo como corresponsable de una eventual crisis fiscal y criticando lo que describió como un impacto especulativo sobre la deuda pública. En redes sociales, el mandatario sostuvo que la suspensión protege a los sectores más ricos y advirtió que la medida podría generar distorsiones económicas.
Desde el gabinete, el ministro del Interior Armando Benedetti coincidió con la visión de Petro y aseguró que la suspensión provisional beneficia a los megarricos, al tiempo que afirmó que la emergencia económica tenía como objetivo mitigar el déficit fiscal y redistribuir recursos de manera más equitativa.
El fallo también fue celebrado por líderes de la oposición y precandidatos presidenciales. Paloma Valencia aseguró que la decisión protege la Constitución y limita la posibilidad de que el Gobierno imponga impuestos por decreto.
Por su parte, Vicky Dávila consideró que los magistrados “protegieron a los colombianos del abuso del Gobierno” y criticó la emergencia económica como un intento de influir en las elecciones con 11 billones de pesos.
A nivel territorial, algunos alcaldes y gobernadores respaldaron la medida. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, calificó la suspensión como “una decisión histórica” y agradeció a los magistrados por su valentía.
Varias autoridades locales habían advertido previamente que no aplicarían el decreto por considerar que afectaba la financiación de sectores esenciales como la salud.
Expertos constitucionalistas y gremios económicos también cuestionaron la justificación del decreto. Jorge Iván González, exdirector de Planeación, concluyó que ninguna de las razones invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia era sobreviniente, mientras que el constitucionalista Eloy García advirtió que “la excepción no puede sustituir nunca a la norma general” y que prolongar la vía excepcional socava la normalidad institucional que protege la Constitución.
En este escenario, la declaración de Sanguino sobre la posible propuesta de constituyente introduce un elemento político adicional.
Analistas coinciden en que la suspensión del decreto limita la capacidad del Ejecutivo para legislar por decreto, pero mantiene vigentes las medidas ya adoptadas y abre la puerta a un mecanismo constitucional extraordinario para avanzar en la agenda del Gobierno.
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