
La Corte Constitucional de Colombia anunció el 29 de enero de 2026 la suspensión provisional del decreto de estado de emergencia económica emitido por el Gobierno de Gustavo Petro el 22 de diciembre de 2025. Esta medida afecta no solo al decreto en cuestión, sino a todos los decretos derivados de él.
La decisión se tomó luego de que seis magistrados de la Corte respaldaran la ponencia, mientras que dos magistrados se manifestaron en contra de la suspensión. La resolución, que llega en un momento clave para el Gobierno, podría tener importantes implicaciones sobre las políticas fiscales y económicas implementadas por la administración de Petro, particularmente aquellas que se enfocan en el recaudo fiscal y la modificación de impuestos.
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Cabe destacar que los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal fueron los dos disidentes que votaron en contra de la suspensión, mientras que la ponencia fue liderada por el magistrado Carlos Camargo, que logró el respaldo de la mayoría de la Corte. Por el momento, el alto tribunal indicó que esta medida se adoptó mientras se “decide una decisión de fondo”.
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Suspensión de decretos y recaudación de impuestos
El impacto inmediato de esta medida es la suspensión de todos los decretos derivados del decreto de emergencia económica. Entre los decretos afectados están aquellos relacionados con los impuestos sobre los juegos de azar, como las apuestas deportivas en línea y casinos virtuales, que originalmente incluían un IVA del 19%.
También se verán suspendidos los impuestos adicionales a las bebidas alcohólicas, como el impuesto por grado alcoholimétrico, el cual había generado gran controversia tras la decisión del Ministerio de Hacienda.
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Un aspecto crucial de la suspensión es que, aunque no se devolverán los impuestos ya recaudados durante la vigencia de la emergencia económica, la decisión implica que no se cobrarán nuevos impuestos derivados de estos decretos a partir de este momento.

Es importante resaltar que, según lo que informó Germán Ávila, ministro de Hacienda, en su momento, este paquete fiscal estaba proyectado para generar un recaudo aproximado de 11,1 billones de pesos, en un momento de restricciones fiscales y después del archivo de la Ley de Financiamiento; sin embargo, ahora esta medida quedó suspendida.
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Con la suspensión de estos decretos, surge una gran incertidumbre respecto al recaudo de los impuestos que se implementaron bajo el estado de emergencia. Expertos consultados por Caracol Radio advirtieron que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tendrá serias dificultades para gestionar el cobro de los impuestos que se habían establecido, dado que el gobierno debía ajustar su sistema de recaudo tras la anulación de las medidas fiscales.
Además, se cuestionaron qué sucederá si la Corte Constitucional, después de analizar el fondo del caso, decide que la emergencia económica sí fue constitucional. La confusión no solo afecta a la Dian, sino a todos los sectores que dependían de esos nuevos impuestos, como los de entretenimiento de alto costo y comercio digital.
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El anuncio de la Corte es un nuevo golpe para el Gobierno de Petro, que se enfrenta a otro freno en su agenda económica. La suspensión provisional de la emergencia económica no solo pone en entredicho las políticas fiscales del Gobierno, sino que actúa como un freno a su creciente deuda pública y a la venta de acciones de empresas del Estado.
Cabe destacar que, esta es la tercera vez que la Corte Constitucional tumba un decreto de emergencia emitido por el Gobierno de Petro, lo que resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia; el primer revés tuvo lugar en 2023 en La Guajira; el segundo fue en 2025, de seguridad en Norte de Santander y Cesar; en 2026 se marca el último revés para la administración nacional.
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