
La reciente serie de ataques que dejaron 21 víctimas civiles en el departamento del Cauca puso nuevamente en el centro del debate la estrategia de seguridad del país y el fortalecimiento de los grupos armados.
De hecho, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda señaló directamente al expresidente Iván Duque, a quien lo responsabilizó del fortalecimiento de los grupos armados, y defendió la necesidad de revisar las condiciones para el diálogo con estas organizaciones.
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En una entrevista con el diario El Tiempo, Cepeda manifestó su solidaridad con las víctimas, enfatizando que se trataba de personas humildes, en su mayoría indígenas, atacadas en espacios públicos. Según él, estos atentados buscan atemorizar a las comunidades que apoyan al Pacto Histórico y afectar el ambiente electoral, favoreciendo a sus adversarios políticos que hacen parte de la oposición.
Sin embargo, el candidato presidencial de izquierda se despachó contra el gobierno de Iván Duque tras las críticas a Gustavo Petro por una presunta permisividad con los grupos armados, lo que habría logrado un fortalecimiento de sus estructuras.
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Cepeda puntualizó que estas estructuras nacieron tras el acuerdo de paz de 2016, cuando sectores como el bloque Oriental de las antiguas Farc no se sumaron completamente al proceso. Además, indicó que los grupos criminales consiguieron su mayor fuerza entre 2018 y 2022 cuando el exmandatario no logró implementar los acuerdos de La Habana, lo que motivó el alzamiento en armas de varios de los firmantes.
“En el gobierno del señor Iván Duque, cuando no se aplicó y no se cumplió con el acuerdo de paz, estas estructuras disidentes se duplicaron. O sea que no es que hayan crecido ahora con la ‘paz total’, no han crecido en toda circunstancia. Crecieron cuando había diálogos con ellas, cuando no había diálogos, cuando había cese al fuego, cuando no hay cese al fuego”, señaló el candidato al diario nacional.
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Cepeda argumentó que la expansión de estos grupos tiene que ver más con factores estructurales, como la falta de transformación de los territorios, la pobreza y el auge de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal de oro, que con las políticas de paz o de guerra aplicadas en cada periodo.
“Entonces la pregunta obvia es: ¿por qué están creciendo? Y claro, ese cliché que se han inventado ahora, esa reducción simplista, de que hay acuerdos de paz, hay discusiones en una mesa de negociación, hay alto el fuego, entonces crecen como espumas, como hongos, los grupos armados”, señaló Cepeda.
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Para el candidato, el fenómeno no se resuelve solo con fuerza militar, sino que exige una intervención social integral y la sustitución de las economías ilegales, así como una revisión periódica de los métodos de negociación y cese al fuego con los grupos armados.
“No vamos a repetir fórmulas que han fracasado hasta la saciedad en el país. Pensar que este es un asunto simplemente de llevar nuevas unidades militares al territorio, de generar capacidades tecnológicas, de buscar que la inteligencia se comporte de una u otra manera simplemente como solución es el camino empedrado hacia lo que hemos visto tantos años en Colombia”, comentó Cepeda a El Tiempo.
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Además, el político del progresismo aseguró que los recientes ataques de las disidencias, en lugar de favorecer su campaña y la del Pacto Histórico, sería un mecanismo para desvirtuar su proyecto político que terminaría por dar ventajas a la oposición.
“Sin lugar a dudas, esto está jugando a favor de la extrema derecha y así lo he dicho con toda claridad para que no haya dudas sobre eso, y sobre todo porque la extrema derecha ha dicho claramente que nosotros, Pacto Histórico, Alianza por la Vida, incluso el gobierno del presidente Petro y del Pacto Histórico, estamos jugando para que los grupos armados favorezcan al Pacto Histórico en las elecciones que vienen”, señaló Cepeda.
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Qué tanto crecieron los grupos armados en el Gobierno Duque
En 2026, un informe de la Fundación Paz & Reconciliación reveló que tras los cuatro años de gestión de Iván Duque los grupos armados ilegales ampliaron su control territorial y su capacidad violenta.
Según el documento, la evolución de los grupos armados desde 2017 atravesó tres fases claras. Inicialmente, surgieron nuevas configuraciones armadas, especialmente en el suroccidente, que comenzaron a ganar espacio de forma paulatina, sin desplegar aún estrategias de violencia masiva.
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Posteriormente, entre 2018 y 2020, se produjo una escalada de enfrentamientos y disputas por el control de territorios, con un marcado aumento en los homicidios en municipios afectados por la guerra. Finalmente, desde 2021, el país vivió una fase de consolidación de cuatro grandes estructuras armadas, entre ellas el Clan del Golfo y el ELN, que intensificaron las acciones contra la institucionalidad y la Fuerza Pública.
Según Pares, durante la administración Duque la violencia organizada se recrudeció, especialmente en zonas rurales donde el Estado mostró limitaciones para contener el avance de grupos como el Clan del Golfo, el ELN, la línea de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia.
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En estos años, la cifra de masacres aumentó más del 300% entre 2019 y 2020, mientras que el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos de excombatientes y sus familiares siguieron en ascenso. Municipios como Buenaventura, Tumaco, Tarazá, Hacarí y Alto Baudó resultaron ser los más golpeados por el desplazamiento, y departamentos como Nariño, Antioquia y Cauca lideraron los registros de desaparición forzada.
La línea de Gentil Duarte, surgida de disidencias de las Farc, representó el caso de mayor crecimiento: a inicios de 2022, su presencia se extendía a 119 municipios, lo que supuso un incremento de 21 municipios respecto al año anterior.
Este grupo, articulado a través del Comando Coordinador de Occidente, logró desplazar al ELN en zonas del Cauca y sostuvo enfrentamientos directos con la Fuerza Pública, especialmente en municipios como Buenos Aires y Corinto. Un hecho relevante fue la muerte de su cabecilla, Jhonier, en febrero, seguida del ascenso de alias Mayinbu como nuevo líder.
Por su parte, la Segunda Marquetalia tuvo una presencia menor, abarcando 61 municipios para 2022 y consolidó alianzas, presuntamente, con el Clan del Golfo en zonas como el sur de Córdoba. En el departamento de Nariño, la facción absorbió a otros grupos armados, ampliando así su influencia en la Costa Pacífica.

El Clan del Golfo se erigió como la organización con mayor expansión territorial: para los primeros meses de 2022, operaba en 241 municipios, con una estructura que rondaba los 3.260 integrantes.
A pesar de la captura y extradición de su máximo líder, Otoniel, no se registraron fracturas significativas en su operatividad ni en la cohesión del grupo, que mantiene el control en regiones clave como Urabá y el Bajo Cauca antioqueño.
Futuro de las negociaciones y condiciones para el diálogo
Sobre los procesos de negociación con los grupos armados, Cepeda anunció en entrevista con El Tiempo que, en caso de llegar a la Presidencia, realizará una evaluación rigurosa de los avances y limitaciones de la ‘paz total’.
Planteó la necesidad de definir con claridad qué grupos pueden continuar en la mesa de diálogo y bajo qué condiciones, poniendo énfasis en el respeto a la vida de la población civil, especialmente de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“No voy a adelantar reglas sin una elaboración suficiente, pero el respeto de la población civil es vital”, sostuvo el senador. Agregó que no habrá tolerancia con organizaciones que continúen asesinando a líderes o firmantes de paz y que los diálogos con los grupos armados deben tener un propósito claro, con plazos definidos.
Cepeda propuso que cualquier evaluación futura debe partir del cumplimiento del acuerdo de paz de 2016, que considera histórico y de alto valor. Aseguró que el actual gobierno ha avanzado en la implementación de la reforma agraria y que el análisis de las mesas de negociación, tanto con organizaciones rurales como urbanas, será uno de los primeros pasos de su eventual administración.
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