La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con contratos inflados, sobrecostos y apropiación indebida de recursos públicos durante la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
La solicitud fue presentada en el marco de una audiencia de imputación que se extendió por cerca de cuatro horas y que fue suspendida para el análisis de los elementos probatorios, con reanudación prevista para el próximo lunes 2 de febrero, cuando el juez deberá decidir si acoge o no la petición del ente acusador.
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Durante la segunda sesión de la diligencia judicial, quedó en firme la imputación contra Juan David Palacio, las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, así como contra el contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Juan Alberto Henao.
Los cuatro fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público, cargos que ninguno de los señalados aceptó.
En el caso de Palacio Cardona, la Fiscalía insistió en que debe ser privado de la libertad, mientras que para las exsubdirectoras ambientales se solicitó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Para el tesorero del cuerpo bomberil, Juan Alberto Cardona, no se pidió detención, debido a su compromiso de colaborar con la justicia.
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La presunta injerencia de Miguel Quintero
Uno de los puntos más sensibles del proceso judicial volvió a ser la presunta injerencia de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en la contratación directa adelantada al interior del AMVA.
Según la Fiscalía, Juan David Palacio conocía y permitió irregularidades en la contratación, acatando instrucciones de terceros para el nombramiento de funcionarios estratégicos dentro de la entidad. El ente acusador sostuvo que el exdirector habría participado en reuniones y coordinaciones en las que se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos.
¿Grupo de delincuencia organizada?
Durante la audiencia también se abordó la controversia sobre la posible calificación del caso como grupo de delincuencia organizada (GDO). El fiscal 40 para los delitos contra la administración pública aclaró que la Fiscalía aplazará esta solicitud para la etapa de acusación, y no la presentará en la audiencia de imputación.
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De acuerdo con el ente acusador, esta decisión responde a razones procesales, ya que el proceso avanza por fases y se espera una tercera tanda de imputados. La Fiscalía enfatizó que el aplazamiento no implica que se descarte esta figura, sino que será planteada formalmente más adelante, conforme a la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Los millonarios sobrecostos revelados
Uno de los aspectos más graves del proceso tiene que ver con los sobrecostos y bienes no entregados detectados por la Fiscalía en los contratos investigados.
Según el informe presentado en audiencia, Juan David Palacio Cardona registra posibles sobrecostos por $1.212.248.302 y bienes o servicios no entregados por $1.268.901.800, para un total de $2.481.150.102. Entre los gastos cuestionados figuran recargas de celular por cerca de 60 millones de pesos y servicios de transporte por más de 41 millones de pesos.
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En el mismo expediente, la exsubdirectora Ana María Roldán presenta presuntos sobrecostos por $251.915.280 y bienes no entregados por $474.441.800, mientras que Diana María Montoya acumula posibles sobrecostos por $960.333.022 y bienes no entregados por $794.460.000.
Contratos con los Bomberos de Itagüí
La investigación se centra en seis convenios firmados entre 2021 y 2023 con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor total ascendió a 18.600 millones de pesos. Según la Fiscalía, en estos contratos se habría producido un desfalco cercano a los 2.400 millones de pesos.
En este componente del proceso, el representante legal del cuerpo bomberil, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, y el tesorero Juan Alberto Cardona, figuran con posibles sobrecostos y bienes no entregados por más de 2.481 millones de pesos cada uno. Otros funcionarios también aparecen vinculados con presuntas irregularidades contractuales.
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Fiscalía insiste en la cárcel para Palacio
La Fiscalía fue enfática al señalar que Juan David Palacio debe estar en prisión, argumentando que existe riesgo de fuga, obstrucción a la justicia y reiteración delictiva. El ente acusador aseguró que el exfuncionario habría intentado borrar información clave para la investigación, mediante el formateo de equipos de cómputo y la eliminación de archivos.
“Desempeñó un rol que derivó en la apropiación indebida de recursos públicos por más de 2.481 millones de pesos”, sostuvo la Fiscalía, al tiempo que afirmó que Palacio tuvo dominio funcional del hecho en calidad de coautor impropio.
La Procuraduría General de la Nación anunció que respalda la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión al exdirector del AMVA.
Audiencia se reanuda el 2 de febrero
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue suspendida para permitir la revisión de documentos por las partes. El próximo lunes 2 de febrero, el juez escuchará a las defensas y deberá decidir si Juan David Palacio es enviado o no a la cárcel, en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes relacionados con la pasada administración de Medellín.
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