Coronel (r) Juan Carlos Figueroa aceptó ante la JEP su responsabilidad en falsos positivos: “Estaban asesinando civiles”

El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa reconoció su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en Valledupar, durante el periodo que dirigió el Batallón de Infantería La Popa.

El reconocimiento de su intervención se realizó en la mañana del 27 de enero de 2026, en una audiencia de la preparatoria del Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r), acusado por la UIA de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe.

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La admisión de responsabilidad del coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez ante la Jurisdicción Especial para la Paz abrió un inesperado debate sobre los límites del mando y el peso de las omisiones dentro de los crímenes de lesa humanidad y guerra en Colombia. Las palabras del oficial retirado, acusado por al menos veinticuatro hechos que costaron la vida a 38 personas, establecieron un punto de inflexión en las investigaciones sobre el accionar militar en Valledupar.

El tono de la audiencia cambió cuando el magistrado Raúl Sánchez, indagó sobre la libertad y voluntariedad de la comparecencia. “Eh, sí, honorable magistrado”, respondió Figueroa Suárez al ser interrogado sobre su presencia en la sala. La misma respuesta repitió cuando se le preguntó si había sido asesorado por su abogada, María Paulina Gómez Pérez.

El diálogo prosiguió con una pregunta crucial: “¿Conoce usted los cargos, conoce usted la acusación que ha sido realizada por la Fiscalía Quinta de la Unidad de Investigación y Acusación?”. Figueroa Suárez admitió ante la autoridad: “Sí, honorable magistrado”.

La declaración más contundente llegó cuando el magistrado le solicitó pronunciarse sobre la imputación directa de la Fiscalía.

El coronel retirado aceptó la responsabilidad en los siguientes términos: “Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados, todas esas operaciones, eh, que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”, dijo acusado al magistrado.

En esta misma línea, el militar retirado expuso la falta de controles y la negligencia no solo de quienes le subordinaban, sino de toda la cadena de mando y de instituciones estatales:

“Acepto la omisión de aquellos superiores subalternos, eh, la omisión de instituciones como la Justicia Penal Militar, como la Fiscalía General de Valledupar, como el Departamento de Policía del Cesar, jueces, eh, fiscales, asesores jurídicos, por su negligencia y omisión, que no me permitieron como comandante en su momento identificar sobre irregularidades o potenciales irregularidades o a-acciones criminales que mis subalternos estaban cometiendo y, como comandante, poder yo ejercer acciones disciplinarias y colocar acciones ejemplares para que este tipo de acciones no se llevaran en un futuro”, delcaró el coronel (r) ante la Jurisdicción.

El militar señaló particularmente la ausencia de respaldo de su superior, cuestión que, a su juicio, dejó impune hechos graves en 2004: “Acepto la omisión que tuvo el general, en su momento brigadier general Castellanos, que sobre los hechos del 2004, 30 de junio, le pedí que me apoyara para colocar a los comandantes de esa, de esas unidades a que fueran investigados y él me negó esa oportunidad, no me respaldó y hubiera sido una acción ejemplar para que en su momento otros oficiales se abstuvieran o soldados, o suboficiales se abstuvieran de cometer acciones criminales”.

Otra de las afirmaciones críticas del proceso fue la referencia al fenómeno de las “nóminas paralelas”, en las que oficiales y agentes policiales recibían pagos de grupos paramilitares: “Acepto la omisión de generales, del general Carreño, que en su momento denuncié sobre las posibles nóminas paralelas de miembros de diferentes organizaciones, de miembros de las unidades militares y de la Policía Nacional del Cesar, que se encontraban recibiendo dineros ilícitos de organizaciones del grupo paramilitar de los héroes del Cesar, especialmente de alias 39, quienes les daban mensualmente dineros”, reconoció el coronel retirado.

Sobre la definición e identificación del fenómeno conocido como “falsos positivos”, Figueroa Suárez enfatizó su descargo temporal: “Quiero informarles que ese riesgo operacional fue detectado en el 2007, que para el 2004 ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando”, señaló.

Y matizó frente al tribunal: “En cuanto a los falsos positivos, como ustedes muy bien lo saben, en el 2007 fue de conocimiento tanto para todas las autoridades, para toda la nación, para todas las instituciones, y demás, incluso para la misma fuerza, fue algo impactante, fue algo que nos sorprendió a todos, que identificar que una unidad militar tuviera la capacidad de matar civiles, esa, ese riesgo no fue, no fue identificado durante mi mando”.

Al llegar al final de su intervención, el coronel retirado realizó un gesto de distensión hacia sus acusadores: “A todas las personas que se han levantado en falso testimonio contra mí los perdono. A todas aquellas personas que en su momento, mis comandantes, que en su momento, eh, me mostraron su inconformidad por ser una persona de buena fe, transparente, honrada y que cuestionaron, mi principio de buena fe, a todas esas personas, los perdono. Entonces, en ese sentido, yo acepto la omisión de error de tipo. Su señoría, muchas gracias”.