Solo una universidad pública en Colombia es financieramente viable: el 97% no pueden sostenerse económicamente

De las 34 universidades públicas de Colombia, solo una logra ser autosostenible financieramente, según un estudio reciente de la Contraloría General de la República.

Mientras que el resto depende principalmente de transferencias estatales, lo que pone en riesgo su estabilidad a largo plazo ante el incremento del pasivo pensional.

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Según el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas”, elaborado por el órgano de control, fue analizado el periodo 2019-2024, donde se evaluaron las variables presupuestales de gestión e inversión.

De acuerdo con la entidad, el 97% de las instituciones de educación superior no cubre sus gastos únicamente con fondos propios. En promedio, los aportes del Gobierno Nacional equivalen al 50,1% de los ingresos totales.

La generación de recursos propios se sitúa en apenas el 37% de los ingresos, en su mayoría provenientes de aranceles y servicios. Entre las universidades con mayor capacidad para generar fondos destacan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle.

Así mismo, la Contraloría advierte que existe una fuerte concentración de recursos públicos en instituciones de mayor tamaño y cobertura.

Dentro de los hallazgos, se destaca que la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle reúnen el 48% de los ingresos nacionales.

La diferencia en las transferencias por estudiante es notoria: la Universidad Nacional recibe $11,4 millones por estudiante, mientras que la Unad apenas percibe $525.777 por alumno.

Estas desigualdades en el reparto de fondos profundizan las brechas regionales y frenan el crecimiento de las universidades pequeñas. El promedio nacional de transferencias por estudiante es de $4,5 millones, una marca que solo superan unas cuantas instituciones.

Detalles del informe

Los ingresos globales del sector aumentaron un 13% anual entre 2019 y 2024, alcanzando $14,2 billones en el último año del análisis. Los gastos también crecieron a un ritmo similar, con un alza anual del 11,4%, impulsados especialmente por los costos de personal, que absorben el 54% del presupuesto.

El pasivo pensional representa la principal presión financiera: en 2024 sumó $10,3 billones, según detalla el informe elaborado por la Contraloría General de la República. Esta obligación se concentra en la Universidad Nacional ($4,5 billones) y la Universidad del Valle ($1,4 billones), que juntas representan el 57,8% del total. Las causas principales son antiguos regímenes laborales, derechos adquiridos antes de la Ley 100 de 1993 y la ausencia de reservas.

Igualmente, el ente de control reveló que el pasivo pensional desvía recursos de funciones esenciales como docencia e infraestructura, y limita la capacidad de expansión y cobertura del sistema. De persistir la situación sin una reforma estructural, peligran iniciativas como la gratuidad y el aumento del acceso, advirtió el organismo.

Además, la Contraloría resalta que la sostenibilidad y universalidad de la gratuidad en la educación dependen de una financiación estatal estable y suficiente. El desequilibrio financiero obliga a proteger los fondos para docencia e investigación frente a la carga pensional y los riesgos de endeudamiento.

En materia de solvencia financiera, el informe indica que el 75,8% de las universidades dispone de un nivel igual o superior a 3, lo que garantiza el respaldo a sus obligaciones. Pero el 24,2% restante muestra una solvencia menor y limitaciones para maniobrar. El mismo porcentaje de universidades mantiene un endeudamiento inferior al 10%, considerado prudente, aunque otras presentan niveles críticos.

Actualización a Ley de Educación Superior

De otro lado, la Contraloría recordó que en el Congreso avanzó el proyecto que contempla cambios a la Ley 30 de 1992 (Educación Superior), iniciativa que solo le falta ser sancionada por la Presidencia, pero alertan que enfrenta diferencias de proyección.

El Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones para 2027-2040, mientras que la Contraloría eleva la cifra a $27,8 billones en el periodo 2027-2036, al sumar componentes adicionales.

Si bien el proyecto impulsa la gratuidad y busca equipararse con los parámetros de inversión de la OCDE, cualquier aumento debe sustentarse con recursos estables y verificables.

La entidad enfatizó la urgencia de actualizar el modelo de financiación establecido por la normativa mencionada, por lo que recomienda diversificar fuentes, fortalecer alianzas y asegurar que la asignación de recursos responda a los costos reales del sector.

Por último, la Contraloría reconoce avances recientes en inversión y gestión, pero advierte que persisten desigualdades, restricciones en los ingresos propios y situaciones críticas de endeudamiento en varias instituciones.