Ciro Ramírez seguirá siendo congresista a pesar de estar en la cárcel: Consejo de Estado no admitió demanda de pérdida de investidura en su contra

El Consejo de Estado inadmitió en primera instancia la demanda de pérdida de investidura presentada contra el senador Ciro Ramírez, al constatar la ausencia de pruebas esenciales sobre su condición de congresista y la notificación formal del proceso, según el propio fallo del alto tribunal.

Esta decisión expone los argumentos técnicos, en 438 páginas, que impidieron que la demanda fuera analizada en profundidad, en particular la falta de documentación que acreditara la calidad de senador de Ramírez en 2021 —año de los hechos investigados— y la ausencia de prueba sobre la notificación formal al congresista acerca del proceso de pérdida de investidura. Por este motivo, la Sala requirió al demandante que complete la documentación para que el caso pueda avanzar en la justicia.

El alto tribunal señaló que la demanda fue inadmitida porque el demandante no anexó la certificación que acreditara que Ciro Ramírez tenía la calidad de senador en 2021, año de los hechos investigados, ni prueba de que el congresista hubiera sido formalmente notificado sobre el proceso de pérdida de investidura.

"El aforado impartió instrucciones a Pablo César Herrera para la suscripción del Convenio No. 670 de 2021, así como para la adjudicación de los contratos derivados de este, en beneficio de personas previamente definidas por el propio senador, todo ello con miras a la consecución de los objetivos trazados por la organización delictiva“, se lee en la sentencia.

Por este motivo, la Sala requirió al demandante que complete la documentación para que el caso pueda avanzar en la justicia.

Motivos procesales para inadmitir la demanda

De acuerdo con el fallo, “el demandante no acreditó la condición del congresista Ciro Alejandro Ramírez Cortés como lo exige el literal B”.

En términos concretos, no fue aportada la certificación del periodo parlamentario 2018-2022, ni se probó la presencia de Ramírez en el Congreso durante 2021, momento relevante para el proceso.

También la Sección Tercera del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso-administrativo en Colombia, bajo la ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón, indicó que faltaba evidencia de la notificación formal a Ramírez respecto al proceso de pérdida de investidura.

El tribunal solicitó al Consejo Nacional Electoral —autoridad encargada de la organización de procesos electorales y certificación de resultados— que, en un plazo de cinco días, remitiera el acto administrativo que declaró electo a Ramírez para agregarlo al expediente y así permitir una eventual valoración de fondo.

Origen y antecedentes del proceso contra el senador Ciro Ramírez

La demanda está vinculada a hechos que derivaron en la condena penal del senador Ciro Ramírez, hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en Colombia, la sentencia que recayó sobre Ramírez fue de condena de 23 años de prisión.

“El acuerdo criminal tuvo su génesis el 6 de julio de 2021 en un encuentro que se efectuó en el Club Manizales… oportunidad en la que dialogaron acerca de la posibilidad de brindarle respaldo a Ramírez Cortés en su reelección como congresista”, explica el mismo documento judicial.

El fallo penal detalla que el senador utilizó su cargo para favorecer su campaña política y a personas cercanas, mediante la gestión de recursos públicos a través de un convenio interadministrativo entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta).

El caso, conocido como “Las Marionetas 2.0”, señala que los contratos adjudicados fueron dirigidos a empresas vinculadas a colaboradores de confianza de Ramírez. De acuerdo con la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, encargada de juzgar aforados constitucionales, estos contratos, destinados a obras de infraestructura, fueron empleados para asegurar beneficios electorales y económicos al senador y otros implicados.

Según su defensa, Ramírez, representante del Centro Democrático, actuó dentro de sus obligaciones parlamentarias. Las pruebas recabadas en el proceso han establecido que existió una estructura organizada para beneficiar a contratistas y aliados políticos.

Qué sigue tras la inadmisión y escenarios futuros del caso

Tras la inadmisión del Consejo de Estado, el demandante deberá volver a presentar la acción, esta vez incluyendo la certificación de la condición de senador de Ramírez para 2021 y la constatación de la notificación del proceso de pérdida de investidura. La Sala otorgó plazo y precisó que solo una vez subsanados estos requisitos podrá analizarse el fondo de la demanda.

Si se cumplen las exigencias procesales, la Sección Tercera podrá analizar las imputaciones relativas a las condenas penales y a las infracciones éticas atribuidas al senador, dado que el procedimiento de pérdida de investidura avanza de manera autónoma respecto al penal y depende de la subsanación de las faltas encontradas. El Consejo Nacional Electoral podrá aportar información adicional a la investigación, en atención al requerimiento judicial.

Hasta que las partes cumplan con todos los requisitos procesales, el caso permanecerá a la espera de una resolución definitiva sobre una posible sanción política ligada a la condena penal por corrupción de Ramírez.

El proceso para la eventual pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez sigue abierto y su trámite se reactivará únicamente cuando el demandante aporte los documentos requeridos, permitiendo así que el Consejo de Estado determine si corresponde una sanción definitiva.