Air-e otra vez en incertidumbre con nueva salida de agente interventor, ya es la cuarta y $5,5 billones están en riesgo

La salida de Nelson Javier Vásquez de la intervención de Air-e volvió a encender las alarmas sobre el futuro de una de las empresas de energía más golpeadas del país. Su renuncia no solo deja vacante un cargo clave, sino que confirma la fragilidad de un proceso que, tras más de un año, sigue sin ofrecer una ruta clara de recuperación para el servicio eléctrico en la región Caribe.

Con la dimisión de Vásquez, ya son cuatro los interventores que pasaron por la compañía desde que fue tomada por el Estado. Antes estuvieron al frente Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía; Carlos Diago; y Diana Bustamante. La rotación constante en la dirección se convirtió en un símbolo de la complejidad del desafío, estabilizar una empresa que acumula deudas millonarias, enfrenta un deterioro financiero acelerado y presta un servicio esencial a millones de usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena.

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Air-e completa 17 meses bajo intervención oficial y, según estimaciones del propio Gobierno, requiere cerca de $5,5 billones para sanear sus finanzas. Ese monto no solo apunta a cubrir obligaciones atrasadas, sino a garantizar un flujo de caja que permita operar con cierta estabilidad durante al menos un año. Sin esos recursos, advierten expertos y gremios, la empresa apenas logra sostenerse en una lógica de supervivencia, sin margen para inversiones que mejoren la calidad del servicio.

La magnitud del déficit llevó al Ejecutivo a adoptar decisiones excepcionales. Bajo el amparo de la emergencia económica, se expidió el decreto 0044 del 21 de enero de 2026, que creó una nueva contribución parafiscal destinada a fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. El objetivo, canalizar recursos frescos hacia compañías intervenidas como Air-e, cuya situación financiera amenaza con desbordarse.

La medida impone un aporte del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos correspondiente a la vigencia 2025, que deberán pagar las empresas de servicios públicos dedicadas a la generación de energía. El recaudo se realizará en dos momentos, una primera mitad el 2 de febrero y el saldo restante el 15 de mayo. Para el Gobierno, se trata de un esfuerzo solidario del sector energético para evitar un colapso mayor en la prestación del servicio.

El decreto incluyó además una figura poco usual, una “contraprestación tributaria en energía”. En este esquema, las empresas que generan energía hidráulica deberán entregar en especie el 12% de la energía que venden en bolsa, con destino a las compañías intervenidas. El texto normativo señaló que este aporte no podrá trasladarse a las tarifas ni alterar la formación de precios del mercado eléctrico. A cambio, los generadores recibirán un descuento en el impuesto de renta.

Sin embargo, estas no son las únicas alternativas sobre la mesa. A comienzos de enero se conoció un borrador de resolución que plantea un cargo adicional de $8 por kilovatio hora en las facturas de los usuarios, destinado a financiar parte de la deuda de Air-e. La propuesta generó inquietud en la región Caribe, donde las tarifas de energía ya representan una carga significativa para hogares y empresas.

En este contexto, la renuncia de Vásquez plantea nuevas preguntas sobre la gobernabilidad del proceso de intervención. Los gremios insistieron en que los cambios constantes en la cabeza de la empresa dificultan la ejecución de un plan de largo plazo y erosionan la confianza de proveedores, trabajadores y usuarios. También advierten que, sin una estrategia integral que combine recursos, gestión técnica y estabilidad institucional, las medidas de emergencia podrían resultar insuficientes en un escenario regional de fragilidad financiera persistente y compleja.