Congresista reveló las razones por las que fue sometida a prueba de polígrafo tras orden de Carlos Caicedo: “Probar mi lealtad”

La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia formal contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y actual aspirante a la Presidencia de la República, por acusaciones de “acoso sexual”, “actos sexuales abusivos” y “acceso carnal con incapacidad de resistir”. De acuerdo con la acusación, los hechos señalados habrían ocurrido en el periodo de 2020 a 2023, etapa en la que Caicedo ejerció el liderazgo departamental, y las consecuencias alcanzan hasta el desarrollo profesional y el entorno laboral de las presuntas víctimas.

En los testimonios recogidos por La FM y consignados en la denuncia presentada el 21 de enero de 2026 por el abogado y exdirector del CTI Julián Quintana: cuatro mujeres identificadas como funcionarias, contratistas o aspirantes a cargos relataron que el acceso a mejoras laborales, ascensos y salarios en el departamento o en el movimiento Fuerza Ciudadana dependía de la aceptación de avanzadas propuestas o insinuaciones sexuales, presuntamente por parte de Caicedo o de sus colaboradores más cercanos. Una de ellas, identificada como María Alejandra Rojas, hizo pública su identidad, mientras que las otras tres víctimas solicitaron reserva.

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El mismo escrito denuncia una “dinámica de acoso sostenida” en la que se utilizaba el poder político y administrativo para someter y condicionar la carrera profesional de las afectadas. La declaración de una excolaboradora detalla que, durante una actividad oficial, el exgobernador le exigió acudir a su habitación con el propósito, según sus palabras, de “complacerlo”, a cambio de un ascenso. Tras rechazar la solicitud, sostuvo que su proyección profesional se estancó y que nunca recibió el reconocimiento prometido.

Las víctimas reiteraron que el control y la presión recaían sobre su entorno profesional, existiendo supuestamente un uso instrumental del poder político como mecanismo de coacción. La denuncia introduce un elemento adicional al señalar que, en varios casos, el silencio de testigos habría facilitado la persistencia de estas conductas.

Tras conocerse el proceso legal contra el candidato presidencial, Ingrid Aguirre, representante a la Cámara, denunció acoso laboral al interior del partido Fuerza Ciudadana, en el que la obligaron a someterse a una prueba de polígrafo.

“Desafortunadamente para mí, fui la primera persona en la que utilizaron este mecanismo. Instalan un equipo de la empresa Confía. Siempre vienen con dos técnicos, el que te hace la entrevista y el que opera el equipo directamente”, dijo en entrevista con Semana.

Según detalló, la prueba del polígrafo tenía el objetivo de medir su lealtad a los principios establecidos por la colectividad liderada por Carlos Caicedo.

“Colocaron el polígrafo al interior del despacho del exgobernador Rafael Martínez y es él quien me cita a su despacho en junio del año pasado. Me dijo que se perdió la credibilidad conmigo, la lealtad por parte del presidente fundador Carlos Caicedo. Me hicieron el polígrafo para ver si seguía en Fuerza Ciudadana”, relató a medio citado.

Y agregó: “Fue una situación bastante incómoda. Catorce años de mi vida en ese partido quedarán reducidos a la realización de un polígrafo. Nunca en mi vida me había hecho un polígrafo; era la primera vez. Entonces, encontrarme en esa escena me hizo sentir acorralada. Fue una de las razones por las que me fui de Fuerza Ciudadana, pero me dicen que lo hice por traidora”.