La guerra desde el aire: drones armados y un campamento que impulsa la violencia en el Catatumbo

El conflicto armado en el Catatumbo atraviesa una transformación silenciosa pero letal: la consolidación de un campo de entrenamiento especializado en drones cargados con explosivos que ha permitido a los grupos armados alcanzar una capacidad ofensiva inédita en Colombia.

Información de inteligencia militar tomada por el medio El Tiempo ubica este centro en la zona rural conocida como Filo El Gringo, un punto estratégico desde el cual se habrían coordinado prácticas de ensamblaje, vuelo y ataque con aeronaves no tripuladas, bajo presunta orientación del ELN y con participación de estructuras como las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc.

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De acuerdo con los registros conocidos, en este lugar se han detectado sobrevuelos simultáneos de hasta 300 drones, una cifra que da cuenta del nivel de sofisticación alcanzado.

El campo no solo funcionaría como espacio de entrenamiento técnico, sino como laboratorio de adaptación tecnológica: allí se prueban modificaciones a drones comerciales, se ensayan sistemas de detonación y se afinan métodos para evadir radares y mecanismos de inhibición.

El medio citado indica que este centro habría sido trasladado recientemente desde territorio venezolano hacia el Catatumbo, aprovechando la porosidad fronteriza y la limitada presencia estatal.

Los drones empleados son, en muchos casos, dispositivos comerciales de uso civil, algunos con valores que pueden superar los 20 millones de pesos.

Estos son desarmados y reconfigurados con piezas diversas para portar explosivos, lo que dificulta su identificación por los sistemas tradicionales de vigilancia aérea.

Se trata de drones de uso comercial que son intervenidos y adaptados para transportar explosivos, con un grado de sofisticación tecnológica cada vez mayor.

Estas modificaciones permiten que, en los sistemas de radar, las aeronaves sean detectadas como equipos comunes de fotografía o grabación aérea.

Entre las modalidades entrenadas en el campo destacan los llamados drones kamikaze, que llevan la carga explosiva integrada y se activan al impacto, y los drones de fumigación tipo ‘agras’, capaces de transportar mayor peso gracias a su potencia y estabilidad.

Algunos de estos equipos pueden operar a alturas de entre 500 y 1.000 metros sin ser vistos ni escuchados desde tierra. Incluso se han identificado sistemas conectados por fibra óptica al operador, lo que hace imposible su interceptación remota o bloqueo de señal.

Los análisis de inteligencia señalan que buena parte de esta tecnología —tanto drones como sistemas de detección y localización— tiene origen chino.

Paradójicamente, esa misma tecnología permite rastrear la ubicación exacta del operador en tierra, lo que ha sido utilizado en ocasiones para planificar represalias internas entre los grupos armados.

La existencia de este campo de entrenamiento ayuda a explicar la aceleración de los ataques con drones entre 2024 y 2026.

En ese periodo se han registrado al menos 395 eventos y cerca de 911 granadas lanzadas desde el aire, una cifra que evidencia que ya no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia sistemática de guerra.

El impacto de esta nueva capacidad se siente con crudeza en las comunidades rurales del Catatumbo. Líderes sociales han advertido que los drones no solo matan, sino que siembran terror permanente.

“El dron vuela, intimida y destruye la vida”, resumió Olga Quintero al medio Pares, al describir cómo las veredas —incluidas aquellas donde habitan comunidades indígenas Barí— viven bajo la amenaza constante de minas, armas improvisadas y aeronaves no tripuladas.

Uno de los ataques más recientes en la región ocurrió en la vereda 20 de Julio, en el municipio de El Tarra, donde un dron lanzó un explosivo que acabó con la vida de Yorfran Camilo Quintero, un joven de 18 años que trabajaba junto a su padre, una persona con discapacidad.

El hecho conmocionó a la comunidad y reforzó la percepción de que ningún espacio rural está a salvo de este tipo de agresiones.

Según balances documentados por agencias de inteligencia, solo en 2026 al menos 121 personas han sido asesinadas por acciones vinculadas al uso de drones, la mitad de ellas civiles, mientras miles de habitantes han sido desplazados o confinados.

Las consecuencias también golpean la educación: más de mil niños permanecen fuera del sistema escolar y decenas de docentes han abandonado sus plazas ante el riesgo constante.