En riesgo el debate electoral: crece el lenguaje agresivo y la desinformación en las campañas presidenciales, advirtió informe de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó el segundo informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, en el que alertó sobre el aumento del lenguaje agresivo y la circulación de información sin verificar en medio de la campaña presidencial de 2026.

El documento concluyó que los puntos con menores niveles de cumplimiento por parte de las candidaturas corresponden a la promoción de un lenguaje constructivo y a la difusión de información veraz.

El seguimiento fue realizado con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con apoyo de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Misión de Observación Electoral. El informe analizó las actuaciones y pronunciamientos de las 13 candidaturas presidenciales oficialmente inscritas entre el 16 de diciembre de 2025 y el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con la Defensoría, el nivel general de cumplimiento o alineación con los nueve puntos del compromiso fue de 58,3%, calificado como medio. En el primer monitoreo, realizado entre julio y diciembre de 2025, el porcentaje había sido de 70,9%, aunque la entidad aclaró que ambos periodos no son comparables de forma estricta debido a diferencias en el tiempo analizado, el número de candidaturas y las campañas que suscribieron el acuerdo.

El informe se construyó a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de publicaciones en la red social X y noticias de medios nacionales y regionales. En total se recopilaron 28.184 datos, equivalentes a 15.892 publicaciones y 12.292 noticias.

Lenguaje estigmatizante y acusaciones sin pruebas

Uno de los hallazgos centrales del documento corresponde al bloque denominado “Debate plural y democrático”, integrado por los puntos relacionados con el lenguaje constructivo y la difusión de información veraz. Este bloque obtuvo un nivel general de cumplimiento de apenas 11,7%, el más bajo de todos los evaluados.

En el caso del punto sobre lenguaje constructivo y eliminación de la estigmatización, la Defensoría registró 85 hechos, de los cuales solo 12 fueron considerados de cumplimiento o alineación con el compromiso. Los restantes 73 correspondieron a incumplimientos relacionados con el uso reiterado de expresiones ofensivas, descalificaciones personales y señalamientos que vinculaban a candidaturas o sectores políticos con prácticas criminales o actores armados.

El informe indicó que estas dinámicas han desplazado parte del debate electoral desde la discusión programática hacia la confrontación personal. “La competencia electoral sea presentada en ciertas publicaciones de las candidaturas como una disputa existencial”, señaló el documento al describir un ambiente de polarización discursiva en el que los adversarios son mostrados como amenazas para “la democracia, la patria, el orden o el progreso”.

En cuanto al punto sobre información veraz, el monitoreo identificó 26 hechos evaluados, de los cuales solo uno fue considerado alineado con el compromiso. Los otros 25 correspondieron a difusión de información falsa o acusaciones sin respaldo probatorio. Según la Defensoría, varias publicaciones incluyeron señalamientos sobre presuntos delitos electorales, alianzas con grupos armados y otras conductas graves sin evidencia verificable.

“La combinación de un lenguaje de alta intensidad, con acusaciones difamatorias y no verificadas afecta la calidad del debate público y contribuye a la desinformación y deslegitimación de la contienda electoral”, advirtió la entidad en las conclusiones del bloque temático.

La Defensoría también señaló que las campañas que firmaron el compromiso registraron mejores resultados frente a aquellas que no lo hicieron. Las candidaturas suscriptoras alcanzaron un nivel general de cumplimiento de 86,4%, mientras que las no suscriptoras obtuvieron un nivel de alineación de 40,2%.

Avances en defensa de la democracia y reconocimiento institucional

Pese a las alertas sobre desinformación y agresividad en el discurso político, el informe reportó niveles altos de cumplimiento en otros aspectos relacionados con la institucionalidad democrática y el respeto por la vida. Los puntos mejor calificados fueron defensa de la democracia, con 98,7%; acogida del diálogo como compromiso democrático, con 97,6%; reconocimiento de la juventud, con 100%; respeto por las instituciones y el ordenamiento jurídico, con 81,5%; y defensa de la primacía de la vida, con 79,9%.

En el bloque de institucionalidad democrática, la Defensoría documentó expresiones de respaldo a las reglas electorales, llamados a participar en consultas y debates, así como mensajes de reconocimiento a la diversidad política y al pluralismo. También registró invitaciones dirigidas a la ciudadanía para participar como jurados de votación, inscribir la cédula y ejercer el voto de manera libre e informada.

No obstante, el informe advirtió que algunos pronunciamientos también incluyeron cuestionamientos a la legitimidad o independencia de autoridades electorales.

En materia de violencia política, el organismo encontró 82 hechos relacionados con la defensa de la vida y el rechazo a atentados, amenazas y ataques contra actores políticos. Sin embargo, el punto relacionado con la adopción de medidas concretas para prevenir la violencia obtuvo apenas 33,3% de cumplimiento. La entidad señaló que persiste la ausencia de protocolos y mecanismos específicos para enfrentar agresiones políticas, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas.

Recomendaciones para las campañas

En las conclusiones del informe, la Defensoría hizo un llamado a las candidaturas presidenciales para que ejerzan la libertad de expresión “con respeto y responsabilidad” y se abstengan de realizar señalamientos infundados que afecten la honra y legitimidad de otros sectores políticos.

Además, pidió a las campañas promover prácticas de comunicación responsables, rechazar el hostigamiento en entornos digitales y fomentar el uso de lenguaje respetuoso. “Resulta necesario que las campañas incorporen acciones concretas, como la definición de protocolos, lineamientos o medidas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en la política”, señaló el documento.

La entidad también recomendó fortalecer la imparcialidad institucional y la confianza en las autoridades electorales, así como impulsar estrategias de alfabetización digital dirigidas a la ciudadanía para identificar contenidos manipulados y desinformativos. Entre las entidades mencionadas para liderar estas acciones figuran el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación Nacional.