La Policía de Colombia retuvo en Bogotá a Miller Alejandro Cano Mateus, acusado de participar en un asalto que derivó en la muerte de un conserje y en el ataque a un empresario coreano en Quito en 2013, tras una orden internacional de captura emitida por Ecuador.
La retención de Miller Alejandro Cano Mateus se realizó el 19 de enero de 2026, según informó el comunicado de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en respuesta a una circular roja solicitada por las autoridades ecuatorianas.
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Las autoridades de Ecuador buscan su extradición para que cumpla una sentencia de 25 años de reclusión por robo calificado, un proceso que ha permanecido abierto durante más de una década.
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El caso remite al 7 de febrero de 2013, en el sector de las avenidas República del Salvador y de los Shyris, al norte de Quito, donde, según el relato fiscal al que obtuvo acceso el diario Extra de Ecuador, tres individuos en una motocicleta azul planificaron asaltar a un empresario de nacionalidad coreana que había retirado 2.500 dólares de una entidad bancaria cercana.
El empresario identificado en el expediente judicial declaró durante el juicio que uno de los asaltantes lo abordó armado y le exigió el dinero.
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Al oponerse, recibió un disparo por la espalda y, aunque herido, logró alejarse del lugar.
En el mismo episodio, Miguel Ángel Ortiz Campaña, conserje del edificio Euro, acudió al escuchar los disparos para socorrer al empresario.
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Del testimonio de su hermana, Laura Ortiz, incorporado en el proceso que agregó el mismo medio, se muestra que Ortiz Campaña fue alcanzado por disparos y falleció durante el traslado a un hospital. El empresario coreano sobrevivió tras recibir atención en el hospital Eugenio Espejo.
De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, un agente motorizado inició una persecución en cuanto escuchó las detonaciones y observó la fuga de los sospechosos.
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La persecución se extendió hasta el túnel Guayasamín, donde los implicados abandonaron la motocicleta y se internaron en una zona de maleza, y allí fueron aprehendidos.
Entre los detenidos figuraban Cano Mateus, Abraham Ortega y Carlos Loor.
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Según la sentencia difundida por el mismo diario el 3 de enero de 2014, el Tribunal Noveno de Garantías Penales impuso condenas diferenciadas a los acusados: Cano Mateus y Ortega recibieron 25 años de prisión, mientras que Loor fue condenado a 9 años.
En la declaración de Cano Mateus, él mismo reconoció haber seguido a la víctima al notar que portaba dinero y admitió su participación en el asalto.
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El caso cobró nueva relevancia en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado de Ecuador registró su denuncia por evasión, tras la fuga de Cano Mateus de la cárcel de Cotopaxi.
Este antecedente reactivó el pedido internacional de captura y justificó la prioridad en su localización, de acuerdo con el parte de Interpol, que lo califica como peligroso y propenso a la evasión.
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El otro ciudadano ecuatoriano capturado en Colombia al inicio de 2026
Migración Colombia expulsó y entregó a las autoridades ecuatorianas a Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, requerido en su país por tentativa de homicidio, en un procedimiento realizado en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, frontera entre ambos países.
El proceso culminó luego de detectar una alerta internacional en los sistemas de información migratoria, y permitió confirmar la situación judicial pendiente del exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El ciudadano ecuatoriano había intentado salir de Colombia rumbo a Venezuela con antelación, donde fue identificado al comienzo por oficiales colombianos en el puesto de control Atanasio Girardot, en Medellín (Antioquia).
La expulsión se ejecutó tras labores de seguimiento que verificaron su salida de Ecuador e ingreso a territorio colombiano.
El traslado finalizó con la entrega del detenido a funcionarios ecuatorianos para avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.
Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó la coordinación permanente entre los organismos fronterizos y aseguró que “la articulación permanente entre las autoridades migratorias de Colombia y Ecuador, así como el profesionalismo de nuestras y nuestros oficiales en frontera, permiten identificar oportunamente a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad regional”
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