Ministerio de Educación se ‘zafó’ del escándalo por el ‘carrusel de diplomas’ en la Fundación San José: esto dijo

Con un pronunciamiento que causó controversia, el Ministerio de Educación se desligó el miércoles 21 de enero del escándalo por la presunta expedición irregular de títulos profesionales que involucra a la Fundación San José. A través de un comunicado, la entidad declaró que no tiene competencia en la expedición de títulos, luego de que se conocieran denuncias sobre un supuesto “cartel de diplomas” que habría beneficiado a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

La controversia estalló tras la denuncia de la representante a la Cámara Cathy Juvinao, del partido Alianza Verde, que se sumó a las revelaciones de su colega, Jennifer Pedraza, y señaló que este claustro habría entregado títulos irregulares a unas 24 personas que posteriormente fueron vinculadas con el Ejecutivo. La congresista sostuvo que las contrataciones asociadas a estos títulos costaron al Estado más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

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“El Ministerio de Educación Nacional no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo”, sostuvo la entidad, cuyo titular es Daniel Rojas Medellín, que enfatizó que la responsabilidad de otorgar diplomas recae exclusivamente en las instituciones de educación superior, amparadas por el principio constitucional de autonomía universitaria. Y no en la entidad del orden nacional, como lo han señalado.

El equipo encargado de la verificación identificó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentan irregularidades significativas respecto a los requisitos legales. Y los beneficiarios de los títulos irregulares habrían sido contratados en al menos 16 entidades gubernamentales durante la administración Petro, algunos en cargos que exigen requisitos de formación profesional explícitos, como se estipula en los manuales de funciones.

De hecho, la investigación determinó dos modalidades principales: seis personas recibieron el diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia, y otras 18 presentaron el examen después de haberse graduado, acción que va en contra de lo establecido por la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año, según precisó en su denuncia la parlamentaria opositora.

La respuesta del Ministerio de Educación: negó tener vínculos con la Fundación San José

Ante estos hechos, la cartera de educación aclaró que desde el 10 de noviembre de 2025 adelanta una investigación formal contra la Fundación Universitaria San José, así como a sus directivos, representantes legales y otros funcionarios. “Este proceso se fundamentó en diferentes requerimientos y visitas que el Ministerio adelantó en el año 2025”, detalló la entidad en el comunicado, que no cayó bien entre la opinión pública por no asumir responsabilidades.

La cartera educativa indicó que ha venido desarrollando la etapa de inspección y vigilancia conforme a la ley. Una vez concluido este proceso, se emitirá un pronunciamiento oficial con los resultados y las decisiones que se adopten. “Las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores”, indicó la entidad en su misiva, en la que se desmarcó de las implicaciones del caso.

Sobre el vínculo institucional, la entidad fue enfática. “El Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José; así mismo, expresamos nuestro rechazo a cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos”. Con este pronunciamiento, especificaron los alcances del papel del Estado en estos procesos.

El comunicado remarcó que todas las actuaciones administrativas del ministerio siguen los preceptos legales y constitucionales. “Esta entidad, al tomar las decisiones respectivas en el marco de procesos sancionatorios o en la adopción de medidas preventivas o de vigilancia especial, se basa en el debido proceso establecido en la Constitución Política de Colombia y las leyes correspondientes”, aseguró la cartera en su pronunciamiento público.

En cuanto a la continuidad del servicio educativo, el ministerio reiteró que su grupo de Medidas Preventivas ejecuta revisiones para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo en condiciones de calidad.

“El programa educativo del Gobierno del cambio ha estado comprometido irrestrictamente con el fortalecimiento financiero de la educación superior pública como derecho, el mejoramiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todo el sistema educativo y las funciones inspección y vigilancia para garantizar el derecho a la educación y la transparencia de sus instituciones, evitando prácticas que comprometan la confianza pública”, enfatizó.

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