Álvaro León Polo, fiscal 132 adscrito al grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, enfrenta una imputación por presunto abuso de autoridad.
Luz Samira Rodríguez, fiscal encargada de interponer el recurso legal, confesa uribista y hermana del exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez, sostuvo, en redes sociales, que la imputación a su colega será por “los detlitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto”.
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El núcleo de la denuncia sostiene que el funcionario habría ejercido presiones sobre Jacinto Alberto Soto, conocido como alias Lucas y procesado por vínculos con el paramilitarismo, con el propósito expreso de obtener declaraciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este episodio ocurre en una etapa definitoria de la investigación que involucra al exmandatario, lo que incrementa la gravitación política y judicial del caso, según consta en la denuncia formalizada por la defensa de alias Lucas.
Frente a las pruebas, la Fiscalía General de la Nación citó por tercera vez a León Polo a la audiencia de imputación, programada para el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el fiscal procesado optó por presentar una recusación contra la fiscal encargada de su caso, con el objetivo de frenar el trámite en su contra, estrategia que hasta ahora ha dilatado la formalización de los cargos.
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Según Cuestión Pública y Caracol Radio, Polo rechaza el señalamiento del condenado y argumenta que su relación con ‘Lucas’ se restringió a diligencias legales, todas grabadas y realizadas con la presencia de defensores. Afirma que en ningún momento interrogó sobre el expresidente Uribe Vélez.
A pesar de ello, el ente acusador abrió una investigación contra Polo y será imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez el 27 de enero de 2026.
Detalles de la denuncia sobre el caso de alias Lucas
La denuncia, presentada por los representantes jurídicos de Jacinto Alberto Soto, describe que el fiscal ahora investigado insistió reiteradamente en que alias Lucas testificará contra Álvaro Uribe Vélez y empresarios. Los hechos que sustentan esta acusación tuvieron lugar, principalmente, durante una indagatoria efectuada en la sede central de la Fiscalía el 21 de julio de 2021. Durante esta diligencia, Soto afirmó bajo juramento que el funcionario judicial le ofreció traslados de centro carcelario y otros beneficios como incentivo para que involucrara al expresidente en acciones delictivas.
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La defensa de alias Lucas también argumenta que, ante la negativa de su defendido a colaborar bajo esas condiciones, las promesas se transformaron en advertencias de que podría ser trasladado a instalaciones penitenciarias donde su seguridad no estaría garantizada. Este cambio se materializó con el eventual traslado de Soto a la cárcel La Picota.
El expediente añade que, en la misma indagatoria, Soto narró conversaciones previas entre el fiscal Polo Hincapié y otro exparamilitar, alias Monoleche, en las que quedaron patentes las intenciones de “no descansar hasta ver en la cárcel a Jacinto Alberto Soto Toro”, según se escucha en un audio anexado al proceso. Este elemento, expuesto por la defensa en la denuncia que motivó la citación judicial de León Polo, refuerza la gravedad de los señalamientos.
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Lo expuesto derivó en la imputación contra León Polo, que enfrenta el cargo de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Todo lo relatado en la denuncia y las audiencias fue documentado y anexado al expediente, según los registros de la propia Fiscalía.
El caso que tiene contra las cuerdas al fiscal León Polo
Cabe recordar que el caso del parqueadero Padilla tuvo consecuencias fatales: tres miembros del CTI que rastreaban sus pistas fueron asesinados. De acuerdo con la investigación adelantada por Polo, se ordenó la captura y posterior condena de Soto Toro a 40 años de cárcel por su participación en estos homicidios. Esta cadena de hechos permitió develar el funcionamiento y los rostros ocultos tras el soporte financiero de las autodefensas, estableciendo un vínculo entre lo hallado y las masacres de La Granja y El Aro, líneas investigativas que aún permanecen abiertas.
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