El balance presentado por la Defensoría del Pueblo volvió a poner sobre la mesa una realidad que persiste en silencio en varias regiones del país. Durante 2025, cientos de niñas, niños y adolescentes siguieron siendo incorporados de manera forzada a dinámicas armadas ilegales, pese a la reducción frente al año anterior.
El 22 de enero, la entidad, bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, dio a conocer las cifras consolidadas de reclutamiento de menores correspondientes al 2025. El informe da cuenta de 257 casos registrados entre enero y diciembre, un número menor si se compara con 2024, cuando se documentaron 651 hechos, pero que sigue encendiendo alertas por la magnitud del daño que representa.
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Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, mientras que el 38% afecta a niñas y adolescentes mujeres. La Defensoría señaló que detrás de estas cifras hay contextos de alta vulnerabilidad social, territorial y económica, que facilitan que los grupos armados ilegales sigan captando menores en zonas donde el Estado tiene una presencia limitada.
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Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es la afectación desproporcionada a comunidades étnicas. Según el reporte, el 47% de los menores reclutados pertenece a pueblos indígenas, el 45% no se reconoce dentro de ningún grupo étnico y el 8% corresponde a población afrocolombiana. Estos datos, advirtió la Defensoría, evidencian cómo el conflicto sigue golpeando con mayor fuerza a territorios históricamente marginados.
El análisis también identificó a los actores armados presuntamente responsables. De acuerdo con la información recopilada, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc concentraría el 47,1% de los casos de reclutamiento registrados en 2025. Le siguen las disidencias sin especificar, con el 15,16%; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 11,7%; y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con el 8,2%.
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La distribución temporal de los hechos muestra picos específicos a lo largo del año. Junio fue el mes con mayor número de reportes, al concentrar el 13% de los casos. Febrero y marzo registraron cada uno el 11%, mientras que enero, abril y septiembre aportaron el 10% de los eventos documentados. Para la Defensoría, este comportamiento sugiere que el reclutamiento no responde a hechos aislados, sino a prácticas sostenidas que se intensifican en determinados momentos.
En el plano territorial, Cauca se mantiene como el departamento más afectado. Allí se registraron 93 casos de reclutamiento forzado de menores durante 2025. Antioquia ocupa el segundo lugar, con 23 casos, seguido de Chocó, con 22. Estas cifras coinciden con zonas donde persisten disputas armadas, economías ilegales y dificultades estructurales para garantizar derechos básicos a la niñez.
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Aunque la reducción frente al año anterior es significativa, la Defensoría fue enfática en señalar que el descenso no puede interpretarse como una mejora suficiente. El reclutamiento de menores, recordó la entidad, es una práctica histórica de los grupos armados en Colombia y sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en el contexto del conflicto.
En su pronunciamiento, la Defensoría insistió en que cada caso representa una ruptura profunda en la vida de las víctimas y de sus familias. “Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, señaló la entidad a través de un comunicado oficial.
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Finalmente, el organismo reiteró el llamado al Estado para fortalecer las estrategias de prevención en los territorios más afectados, garantizar el acceso a educación, protección y oportunidades para niños y adolescentes, y avanzar en acciones integrales que impidan que el reclutamiento siga siendo una opción para los grupos armados ilegales.
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