Caso Valeria Afanador: defensa del colegio donde estudiaba la menor aseguró que la solicitud de imputación de cargos “no es procedente”

El abogado Francisco Bernate se pronunció ante la solicitud de imputación de cargos contra la rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles por la muerte de Valeria Afanador, el 29 de agosto de 2025, luego de pasar 18 días desaparecida.

El licenciado, apoderado legal de la institución educativa, se refirió en un video a la decisión de la defensa de la menor de plantear una imputación de cargos contra el colegio, la rectora Sonia Ochoa, y dos profesores a quienes consideran responsables del desenlace.

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El abogado defendió la posición del colegio y afirmó que la petición “carece de sustento jurídico”. Valoró la labor de los representantes legales de la familia, aunque tomó distancia de sus argumentos.

“Respetamos esta posición”, expresó Bernate al inicio. “Por supuesto que se compadece con el rol de los apoderados de víctimas. Es apenas entendible”.

Acto seguido, el abogado manifestó que la imputación pedida no es válida legalmente. “Jurídicamente no es procedente, por cuanto primero, las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades”, añadiendo que hubo una visita por parte de entes de control previa a la desaparición de Valeria Afanador, en la que concluyeron que el colegio “cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad y demás”.

Bernate subrayó que el colegio colaboró plenamente con la investigación. Añadió: “En el marco de esta activa cooperación del colegio para con esta investigación, se ha establecido que al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes para eso, tanto al momento de la merienda como en el lugar donde ellos realizan el recreo.”

Sobre la supervisión directa de los estudiantes, puntualizó: “La rectora había delegado en personas competentes estas funciones. No estaba, como cualquier rector del colegio, pendiente de lo que ocurra en el jardín o en donde están tomando la merienda”. Bernate insistió en que la postura de la familia de Valeria es comprensible, pero consideró que el recurso no era procedente.

Las palabras de la defensa de Valeria Afanador

Por parte de la familia de la menor, la defensa, encabezada por el abogado Julián Quintana, propuso la imputación de cargos por homicidio agravado a la rectora Sonia Ochoa y a los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla, alegando omisión del deber de protección y fallos en los protocolos internos del colegio.

Según el abogado, la rectora, “en su calidad de máxima autoridad, omitió garantizar un sistema efectivo de custodia, vigilancia y control, tolerando fallas estructurales en los protocolos de protección de los estudiantes, falencias que eran de su total conocimiento”.

De acuerdo con los representantes de la familia, tanto la dirección como el cuerpo docente estaban legalmente obligados a proteger a la menor y la omisión en sus funciones contribuyó al desenlace. “La tesis es sencilla y estricta en su juridicidad: quien asume la protección de un bien jurídico o la administración de una fuente de riesgo —en especial cuando de niños se trata—”, explicó Quintana en la petición.

Respecto a los docentes, la defensa sostuvo que Emely Viviana Fuentes Hernández incumplió su deber al no activar los mecanismos de protección cuando Valeria salió del aula. En el caso de Diego Orlando Pinzón Perilla, se indicó que observó una situación inusual, pero no tomó medidas.

“En los tres casos, el material probatorio existente permite afirmar razonablemente que tenían el deber jurídico de actuar, debían hacerlo y no lo hicieron, elevando y manteniendo un riesgo no permitido que se concretó en el resultado fatal”, expuso el abogado en su solicitud.

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