La Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) alertó sobre la posibilidad de un aumento del precio del diésel en Colombia como consecuencia indirecta de la reciente caída en el valor de la gasolina dispuesta por el Gobierno.
De acuerdo con el gremio, esta decisión amenaza el equilibrio financiero del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), lo que podría suscitar un traslado del costo fiscal al Acpm.
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Esto afectaría no solo a los transportadores, sino a toda la cadena logística y a sectores estratégicos como la industria y la agricultura, al elevar los precios de bienes y servicios en el país.
En su advertencia, Fedetranscarga subrayó que el precio del diésel se ha mantenido estable en los últimos periodos gracias, en parte, a los excedentes generados por la gasolina, cuyos valores venían siendo más altos.
Ante la baja reciente, la federación prevé que estos recursos se reducirán y el Gobierno podría verse obligado a incrementar el costo del Acpm para compensar el déficit, una medida que, según el gremio, tendría un “impacto en toda la cadena de suministro”, especialmente en los precios finales para los consumidores y la competitividad del sector productivo nacional.
Pedro Cuervo, presidente de Fedetranscarga, enfatizó la crítica situación: “Colombia necesita una claridad total sobre las condiciones bajo las cuales se fijan los precios de combustibles en el país. Las decisiones de los precios de los combustibles gasolina y Acpm no pueden continuar siendo decisiones estrictamente políticas. Esas decisiones tienen que acomodarse a la técnica y a estudios muy serios de productividad y obviamente la industria petrolera”.
El gremio recordó que el transporte de carga moviliza alrededor del 96% de la mercancía nacional, lo que convierte cualquier cambio en el precio del diésel en un factor determinante para los costos logísticos y la economía en general.
Según cálculos del Dane realizados en 2015, el combustible representaba el 41,6% del costo total operativo de un vehículo de carga, aunque Fedetranscarga indicó que este porcentaje podría superar hoy el 45%, considerando los aumentos y la política de precios con referencia internacional.
Además, la federación recalcó que el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en USD 2,83 por galón (aproximadamente 10.500 pesos colombianos), cifra muy inferior a los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.
Esto implica que el combustible colombiano es un 60% más costoso que en Estados Unidos, a pesar de que el salario mínimo allí supera los seis millones de pesos frente a los dos millones en Colombia.
El marco regulatorio, con el Decreto 1428 de 2025, estableció un mecanismo de tarifa diferencial en el precio del Acpm, eximiendo a los transportadores de carga y pasajeros así como a los vehículos de servicio público de ajustes inmediatos en el valor del diésel.
El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda indicaron que se trata de reducir distorsiones y enfocar los subsidios en sectores de función social esencial, orientando así la protección hacia los actores estratégicos de la economía.
No obstante, Fedetranscarga sostuvo que, de trasladarse la presión fiscal resultante de la gasolina más barata al Acpm, el impacto negativo sería directo para el transporte intermunicipal, la industria agrícola y, especialmente, para los municipios sin interconexión eléctrica que dependen de plantas diésel.
La organización gremial insistió en el cumplimiento de los acuerdos asumidos en septiembre de 2024 tras el paro del sector, especialmente el compromiso de instalar mesas técnicas para definir una fórmula de precios basada en la realidad de Colombia como país productor y refinador de combustibles.
Asimismo, pidió mayor inversión en las refinerías nacionales y transparencia en los costos reales de extracción, refinación y comercialización tanto de Acpm como de gasolina.
Fedetranscarga concluyó su declaración señalando que los precios de los combustibles están estrechamente vinculados y que decisiones adoptadas sin una visión integral pueden derivar en consecuencias no previstas para el diésel y, en última instancia, para la economía colombiana.
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