Ministro Pedro Sánchez salió en defensa de sus hermanos, que firmaron contratos con el Estado: “Es un derecho, no un escándalo”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió públicamente a los señalamientos relacionados con la contratación de sus dos hermanos con entidades estatales, que según El Colombiano, habrían firmado convenios por más de $735 millones durante el actual Gobierno.

Sánchez afirmó que “el mérito para trabajar es un derecho, no un escándalo”; que sus hermanos “tienen derecho constitucional al trabajo” y que jamás ha intervenido en sus procesos de vinculación.

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Precisó que tanto Juan Carlos Sánchez, ingeniero civil, como Julio César Sánchez, exmilitar y profesional en seguridad, han desarrollado sus carreras “desde hace décadas” en el sector público y privado, antes de su llegada al Ministerio de Defensa en febrero de 2025.

El ministro enfatizó que: “Décadas antes de mi designación como ministro de Defensa, mis hermanos han desarrollado sus carreras profesionales en el sector público y privado. En consecuencia, no ha existido ninguna intervención, recomendación, ni injerencia de mi parte en sus procesos de contratación o en la continuidad de los mismos”.

El debate surgió luego de que el medio de comunicación citado revelara que Juan Carlos Sánchez suscribió dos contratos con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, por un valor total de $137 millones, durante el periodo en que su hermano ejerce como ministro.

Los convenios, según conoció el medio, fueron firmados en febrero de 2025 y enero de 2026, bajo la supervisión de altos mandos policiales, y contemplan labores de planeación y seguimiento de obras de infraestructura.

En respuesta, Pedro Sánchez aseveró que “no existe conflicto de intereses, inhabilidad ni incompatibilidad que deba declararse”, ya que los contratos fueron suscritos con dependencias que tienen autonomía administrativa y en las que el Ministerio de Defensa no interviene como ordenador del gasto.

“La Policía Nacional cuenta con autonomía administrativa desde 1993 frente al Ministerio de Defensa”, recalcó el ministro.

La controversia se amplió tras conocerse otros contratos de Juan Carlos Sánchez con el Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Minas, todos durante la administración Petro.

Entre 2024 y 2026, Juan Carlos Sánchez firmó convenios que suman más de $500 millones, principalmente para asesorías técnicas y de infraestructura. En uno de estos contratos, el ingeniero cedió sus derechos a un tercero, como constaría en el sistema de contratación pública.

Por su parte, Julio César Sánchez ha sido contratado por el Ministerio del Interior en dos ocasiones, por montos superiores a los $130 millones y $161 millones respectivamente, para labores de análisis de riesgos y apoyo a la seguridad ciudadana. Adicionalmente, en años anteriores, celebró contratos con el municipio de Boavita para servicios agrícolas.

El jefe de la cartera de Defensa insistió en que la contratación de sus hermanos se realizó “de acuerdo a la Constitución Política y la Ley”, y que sus funciones no dependen ni están supervisadas por el Ministerio de Defensa.

Además, reclamó a los medios mayor rigor y equilibrio informativo: “Respeto y promuevo la libertad de prensa, así como el derecho de los ciudadanos a recibir información responsable y objetiva. En este caso, y en aras del equilibrio informativo, habría sido pertinente que el medio de comunicación me contactara previamente, para garantizar que la ciudadanía recibiera información precisa, clara y veraz”.

El ministro reiteró su “disposición absoluta con la transparencia y a suministrar cualquier información que sea requerida por cualquier órgano de control”. Declaró también que “no existe ningún conflicto de intereses ni inhabilidad que les impida seguir prestando sus servicios al Estado colombiano”.

El 19 de febrero de 2025, Pedro Sánchez asumió la jefatura del Ministerio de Defensa, tras una trayectoria en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ninguno de los contratos de sus hermanos fue registrado en las declaraciones de conflicto de intereses, aunque expertos consultados por el medio señalan que, aunque no es delito, sí debió informarse por transparencia.