Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

La fotografía que dejó el último informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia es inquietante, mientras el país se prepara para un nuevo ciclo electoral, amplias regiones siguen atrapadas en dinámicas de violencia armada que golpean con fuerza a la población civil y ponen en riesgo la participación política. El documento, correspondiente al período entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025, será presentado el 23 de enero ante el Consejo de Seguridad en Nueva York.

El reporte, firmado por el secretario General de la ONU, advirtió que la expansión de grupos armados ilegales y la débil presencia institucional continúan alimentando desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, asesinatos selectivos y ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz. Lejos de tratarse de hechos aislados, la misión señaló que se trata de patrones persistentes en distintos puntos del país.

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Uno de los focos más críticos sigue siendo el Catatumbo. En municipios como Tibú, las comunidades aún sufren las consecuencias de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf). Según cifras de la Defensoría del Pueblo, cerca de 105.000 personas resultaron afectadas por esta disputa, de las cuales al menos 101.000 fueron desplazadas. La ONU advirtió que la continuidad de los enfrentamientos frenó la recuperación social y económica de la región, manteniendo a la población en una situación de alta vulnerabilidad.

Escenarios similares se repiten en otras zonas. En el norte de Antioquia, los choques entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Embf provocaron desplazamientos masivos. En Cauca, la población civil enfrenta impactos recurrentes del conflicto, con afectaciones desproporcionadas sobre comunidades afrocolombianas e indígenas, expuestas por su ubicación territorial, su liderazgo comunitario y su participación política.

El informe llamó la atención sobre una práctica cada vez más frecuente y peligrosa, el uso de drones por parte de grupos armados ilegales para lanzar artefactos explosivos. “Los grupos armados utilizan de manera creciente drones para llevar a cabo ataques con artefactos explosivos…”, señaló el documento, que también describió disputas armadas en Vichada y enfrentamientos por el control de rutas estratégicas en zonas del Catatumbo y el Magdalena Medio.

Las cifras humanitarias refuerzan la gravedad del panorama. De acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), entre finales de septiembre y noviembre de 2025 se registró el desplazamiento forzado de al menos 6.500 personas y el confinamiento de otras 4.400 en 19 municipios de ocho departamentos. En total, 10.900 personas resultaron afectadas directamente, y el 36% pertenecen a pueblos étnicos.

En ese mismo lapso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 13 denuncias de masacres, de las cuales 10 fueron verificadas, con un saldo de 33 víctimas. También se reportaron 33 denuncias por asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas líderes indígenas, afrocolombianos, campesinos y una mujer trans.

La situación de los firmantes del Acuerdo de Paz sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Durante el período analizado, cinco excombatientes fueron asesinados y seis sobrevivieron a intentos de homicidio. En todo 2025, la cifra ascendió a 45 excombatientes asesinados, un aumento del 36% frente al año anterior. Desde 2016, la misión ha verificado 487 homicidios de excombatientes, concentrados principalmente en regiones con alta presencia de economías ilícitas.

El informe también dedicó un apartado al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, calificado como “una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. El tema cobró especial relevancia tras el bombardeo en Guaviare, en noviembre, en el que murieron siete menores reclutados forzosamente. “La muerte de siete menores durante un ataque aéreo llevado a cabo en Guaviare en noviembre reavivó el debate nacional…”, señaló el documento.

De cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la ONU alertó sobre riesgos electorales en territorios afectados por el conflicto. El secretario general instó al Estado a reforzar los esquemas de seguridad y a utilizar plenamente los instrumentos del Acuerdo de Paz, incluidos los mecanismos para el desmantelamiento de grupos armados y el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Según la Defensoría del Pueblo, se requieren medidas preventivas en 649 municipios.

Finalmente, la misión reiteró que, a nueve años de la firma del Acuerdo Final, su implementación integral sigue siendo clave para una paz sostenible. Aunque reconoce avances en acceso y formalización de tierras, advirtió sobre rezagos en coordinación, recursos y seguridad. “La implementación plena del Acuerdo de Paz sigue siendo la vía más sólida para romper los ciclos de violencia y construir una paz duradera”, concluyó el informe.