El primer juicio adversarial en Antioquia contra un militar en retiro de alto rango por presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales dará inicio el martes 20 de enero de 2026.
El proceso involucra al coronel en retiro David Herley Guzmán Ramírez, señalado de ser el responsable de la muerte irregular de al menos 18 víctimas entre agosto de 2004 y noviembre de 2005, en medio del conflicto armado colombiano.
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Las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como “falsos positivos”, son asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, posteriormente presentados como bajas en combate. Estas prácticas, investigadas dentro del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afectaron de manera particular al departamento de Antioquia, que concentra la mayor cantidad de episodios según registros de la justicia transicional.
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En el subcaso Dabeiba, que abarca hechos ocurridos desde 1997 hasta 2007, se investigan crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos bajo la apariencia de logros militares. La imputación contra el coronel en retiro Guzmán Ramírez se centra en su papel como comandante del Batallón de Contraguerrilla 79 en Antioquia durante el periodo de los hechos.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también identificada como la Fiscalía de la JEP, Guzmán Ramírez habría participado en diez hechos delictivos, ocho de ellos como coautor y dos como coautor mediato, estos últimos en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares). Según las investigaciones, el grupo bajo su mando reclutó personas vulnerables, incluidos tres menores y una mujer, para posteriormente asesinarlas y hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate.
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Uno de los casos más relevantes es el de Rodrigo Humberto Torres Múnera, de 23 años, desaparecido en Ituango en noviembre de 2004. Torres fue capturado por militares disfrazados de paramilitares, entregado al Bloque Mineros de las Autodefensas y, luego de 11 días en cautiverio, devuelto a la tropa, vestido con camuflaje. Finalmente, fue ejecutado y reportado como baja enemiga, conforme a la presunta orden del coronel Guzmán Ramírez.
La acusación indica que al mando del oficial se habría conformado un grupo especial dedicado a buscar y asesinar víctimas para inflar los resultados militares del Ejército. Varios exmilitares implicados han aceptado responsabilidad y aseguran haber seguido órdenes de Guzmán Ramírez.
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Durante el proceso, se escucharon 130 testigos, se recopilaron 643 testimonios adicionales, más de 2.550 documentos y 170 informes periciales, sumando más de 25.000 folios de pruebas.
Entre los diez exmilitares imputados junto a Guzmán Ramírez por los hechos de Dabeiba e Ituango, ocho aceptaron responsabilidad y podrían recibir penas restaurativas. Solo Guzmán Ramírez y otro coronel han negado los cargos y serán juzgados por separado, expuestos a condenas de hasta 20 años de prisión si se les halla responsables por desapariciones forzadas y homicidio de personas protegidas.
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A lo largo de las audiencias, Guzmán Ramírez ha negado categóricamente los señalamientos y adoptó una estrategia centrada en desafiar la validez de los cargos. El proceso tuvo retrasos notables a raíz de cambios de abogados defensores y peticiones de aplazamiento. La magistrada Reinere Jaramillo consideró estas maniobras como intentos de demorar el juicio.
La fase preparatoria terminó en Medellín el 10 de julio de 2025, después de superar múltiples obstáculos legales. El juicio prevé la intervención de 94 testigos y la evaluación de más de mil evidencias autorizadas por el tribunal. Tras la apertura en Medellín, las próximas audiencias continuarán en Bogotá y se estima que el proceso puede extenderse hasta un año antes del fallo definitivo.
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Este juicio constituye un hecho inédito en la historia judicial de Antioquia sobre ejecuciones extrajudiciales y marca un referente clave para la justicia transicional en Colombia, al sentar precedente sobre crímenes de lesa humanidad por agentes estatales.
El coronel en retiro ha mantenido su postura de defensa a su trayectoria en el Ejército y ha declarado que se mantiene firme en la defensa de su lealtad institucional frente a las acusaciones.
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