Escudo antidrones en Colombia: descartan que exista confidencialidad en el billonario proyecto del Ministerio de Defensa

En los últimos años, los grupos armados en Colombia han implementado nuevas estrategias de guerra para atacar a la fuerza pública y la población civil, lo que ha incluido el uso de drones de guerra.

En la mayoría de los casos, estos artefactos son detonados en estaciones de policía o puntos clave para las Fuerzas Armadas, impidiendo que exista una respuesta inmediata por parte de los uniformados.

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Ante esa situación, que ha sido catalogada como una emergencia para el Ministerio de Defensa, en la primera semana de enero se anunció el inicio de una estrategia que incluye una inversión de más de seis billones de pesos para proteger a la nación frente al riesgo constante de ataques con drones por parte de estructuras narcoterroristas.

Tras el anuncio, diferentes figuras públicas han mencionado unos presuntos puntos confidenciales para ejecutar lo anunciado, lo que ha llamado la atención y ha generado críticas por la transparencia que deben tener los contratos públicos, principalmente por los casos negativos y de corrupción que se han registrado en los últimos años.

Ante esta situación, fuentes de Infobae Colombia descartaron que exista confidencialidad en la estrategia y revelaron detalles específicos que se llevarán a cabo durante la ejecución, lo que será de dominio público.

El plan consiste en desarrollar un Escudo Nacional Anti Drones, que tendrá como objetivo principal “garantizar la seguridad de la población civil y de los miembros de la fuerza pública desplegados en unidades militares y policiales”.

Este escudo se implementará exclusivamente para acciones criminales; sin embargo, aún no hay claridad sobre la fecha en la que comenzará a implementarse, puesto que inicialmente se asignó la inversión de un billón de pesos para los adelantos de la primera fase del proyecto.

Para que exista confianza sobre toda la inversión, se creó un equipo de varias disciplinas entre uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que tendrán la labor de validar todas las especificaciones de la herramienta.

“Esta iniciativa también tendrá el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como de una empresa especializada en contratación estatal”, anunció la cartera mediante un comunicado.

Para exponer todo lo relacionado con el proyecto, se llevó a cabo un evento público el 16 de enero en el Ministerio de Defensa, en donde se reafirmó que el objetivo es “garantizar el control del espacio aéreo y evitar la pérdida de vidas humanas”.

Al tener que usarse tecnología internacional, se anunció que se realizará la contratación de empresas mediante una negociación directa con los productores directos de cada elemento, además del acompañamiento de la embajada de los países pertenecientes a las compañías.

“Quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos”.

En otros detalles sobre el proyecto, las pruebas de los equipos que se adquieran se llevarán a cabo en el entorno operacional y bajo las condiciones propias de Colombia; las ofertas y propuestas deberán presentarse conforme a los procedimientos contractuales establecidos en la ley, y serán revisadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos designados para tal fin.

“La adquisición de estos equipos tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la población civil, del personal de la fuerza pública y de las instalaciones militares ubicadas en diferentes puntos del país. El proceso contempla la evaluación detallada de las propuestas recibidas, garantizando que los equipos seleccionados respondan a las necesidades específicas y a las características del entorno colombiano en materia de defensa y protección”.