
La defensa de Juan Carlos Suárez, acusado del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, se ha convertido en un caso paradigmático en Colombia por su exposición mediática, la complejidad probatoria y el debate jurídico sobre la calificación del delito.
Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante Conducta Delictiva los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública.
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Desde el inicio, Romero rememoró: “Vi el noticiero en esa hora de la mañana en donde se enunció un caso, como usted lo catalogó, homólogo al caso donde desafortunadamente falleció un joven de apellido Colmenares”, equiparando la resonancia mediática del crimen y su impacto en la sociedad.
El abogado subrayó cómo la atención pública condiciona tanto la percepción del caso como el desarrollo procesal, al expresar: “Ojalá cada vez que un colombiano muere, tanto los medios como la justicia se activara con la celeridad... ese es el deber ser de una reacción como la que ha sucedido en estos casos”.
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Al abordar su primer contacto con Suárez, Romero relató la desconfianza inicial que percibió en el acusado: “En la primera fue muy reactivo, no me quiso comentar ni un ápice de lo que había pasado, porque tenía muchas dudas al llegar unos abogados, unos, para él en ese momento supuestos abogados, a decirle venga, yo le defiendo... no creía”, indicó el defensor al podcast.

Respecto a la calificación jurídica, el abogado explicó con precisión la postura de la defensa: “La estrategia jurídica afirmativa parte de decir que sí pasó el hecho y que hubo una cierta participación, la teoría de la Fiscalía en punto de que hubo un homicidio, es muy difícil ir en contra del elemento de prueba. Pero ese elemento de prueba se puede discutir, se busca una figura de atenuación punitiva, la del homicidio preterintencional”, afirmó Romero, distanciándose así de la idea de homicidio doloso.
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El togado explicó que la diferencia entre homicidio agravado y homicidio preterintencional radica en la intención: en el primero, el objetivo es quitar la vida, mientras que en el segundo el propósito es agredir, sin buscar directamente la muerte. Destacó que este matiz será central en el juicio. Expuso que la pena por homicidio agravado es de aproximadamente treinta y tres años de prisión, mientras que en el homicidio preterintencional la sanción se reduce a la mitad, aunque esta disminución depende de la decisión judicial final.

En cuanto a los hechos, Romero detalló que el video del ataque muestra una acción rápida, en la que Juan Carlos Suárez Ortiz logra golpear una o dos veces antes de que la víctima caiga, e indicó que conceptos como la sevicia deberán debatirse en el juicio. La defensa considera clave el análisis de la necropsia y la evaluación de expertos forenses, remarcando la colaboración de un fotógrafo forense y la falta de recursos de la familia de Suárez, así como el carácter ad honorem de su labor.
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Romero transparentó, además, el sentido de arrepentimiento de su defendido: “Juan Carlos Suárez Ortiz... está totalmente arrepentido de haber desplazado unas conductas humanas con el ánimo de agredir a este joven Jaime Esteban... es un mensaje que él manda por intermedio mío a toda la sociedad y en especial a la familia de esta joven víctima”, transmitió el abogado durante su diálogo con Conducta Delictiva.

Aclaró que el rumbo de la defensa dependerá de los resultados de los peritajes, y subrayó que la decisión final le corresponde al acusado, mientras que su función es solo asesorar.
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