La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron enviados a prisión ocho funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, a quienes se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad por su participación en una red de corrupción dedicada a direccionar procesos judiciales a cambio de millonarios pagos.
El 30 de diciembre del 2025, el organismo de control comunicó que nueve integrantes de la red habían sido detenidos, en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta).
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Sin embargo, en las horas de la mañana del 9 de enero de 2026, se conoció que un juez de control de garantías tomó la decisión tras una investigación que involucra también a particulares, señalados de integrar un “cartel de procesos” que operaba dentro de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la información oficial, la estructura habría cobrado sumas considerables de dinero para alterar el rumbo de investigaciones relacionadas con delitos como lavado de activos y extinción de dominio.
Cifras citadas por el diario El Tiempo indican que hasta por caso podrían cobrar hasta 1.000 millones de pesos. Pero los casos oscilaban entre 400 millones y la primera cifra mencionada.
“Producto del trabajo de un Grupo de Tareas Especiales conformado por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario”, comunicó textualmente la Fiscalía.
Durante la audiencia de imputación, la entidad detalló que entre los procesados se encuentran varios funcionarios del CTI, uniformados de la Policía y personas externas, que, según la investigación, se habrían beneficiado del acceso y manipulación de información reservada.
La operación, desarrollada por grupos especiales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, permitió identificar el modus operandi de la red, que incluía la venta de información y la alteración de expedientes a cambio de pagos de hasta 200 millones de pesos.
En el proceso, una persona más quedó vinculada judicialmente, aunque podrá continuar el trámite en libertad desde su residencia, según informó la Fiscalía.
Los señalados fueron: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez; los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca; el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; así como los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
Las autoridades señalaron también que la red habría convertido el acceso a bases de datos y sistemas informáticos de la Fiscalía en un mecanismo para anticipar decisiones judiciales, facilitando que los investigados se adelantaran a las acciones de la justicia.
La investigación, según fuentes oficiales, se activó a partir de denuncias sobre la existencia de una estructura dedicada a traficar expedientes reservados.
El caso cobró relevancia cuando se detectó que el Modelo Único de Investigación Financiera, desarrollado tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, se utilizaba, presuntamente, para beneficiar a redes criminales y particulares implicados en graves delitos.
La Fiscalía General de la Nación reiteró que continuará las acciones para desmantelar cualquier red de corrupción interna y garantizar la transparencia en los procesos judiciales.
Las investigaciones sobre otros posibles implicados y el destino de los recursos obtenidos de manera ilícita siguen en curso.
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