
Tras la captura de Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Estados Unidos, varios expertos han afirmado que la situación no representará un cambio radical para Venezuela, sino que será el comienzo de una transición que podría tardar varios años.
En ese sentido, lejos de ser una oportunidad para que miles de venezolanos que se han radicado en el exterior puedan volver a su país, la situación actual de esa nación es tomada como el factor que podría generar una nueva crisis migratoria.
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En ese sentido, Colombia, que es el principal vecino de Venezuela, ha reforzado su frontera y se han implementado varias estrategias para el posible recibimiento de cientos de ciudadanos de ese país.
El país cafetero no es el mismo que se ha preparado ante la posible llegada de migrantes, puesto que en Panamá se registró un anuncio que ha sido tomado como una medida preliminar para el mismo tema.
El 8 de enero, la Brigada Oriental de Panamá, ubicada en la provincia del Darién, anunció una operación llamada “Escudo de Acero”, que será liderada por el director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.
En la atención a medios, Solís indicó que se trata de una misión para responder a los ejes fundamentales de la institución, es decir, tener un control territorial y de seguridad ciudadana, en una región que ha sido afectada por la constante llegada de migrantes.
Como detalle más llamativo, Solís mencionó que los uniformados reforzarán las zonas más alejadas de la frontera regular, que habitualmente es utilizada por los “coyotes” para el ingreso de los migrantes de manera ilegal.
Cabe recordar que desde hace varios meses Panamá ha implementado una medida que incluye el traslado de cientos de migrantes hasta su país de origen para evitar que estos se radiquen en su territorio en precarias condiciones.

La crisis migratoria que padeció Panamá
Este tipo de medidas son tomadas en Panamá como parte de la postura que tiene su presidente, José Raúl Mulino, de no volver a ser el principal espacio de paso para los migrantes sudamericanos que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.
Entre 2021 y 2024, la crisis migratoria en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, alcanzó cifras históricas. En 2021, cruzaron la ruta 133,726 personas. En 2022, el flujo subió a 248,284 y en 2023 se registró un récord de 520,000 migrantes. La mayoría eran venezolanos, aunque también cruzaron haitianos, ecuatorianos y personas de otras nacionalidades.
El peligroso trayecto estuvo marcado por riesgos de violencia, enfermedades y explotación, mientras las autoridades de Panamá y Colombia enfrentaban dificultades para gestionar la emergencia humanitaria y el tránsito irregular.
En 2024, la cifra cayó a 302,203 personas, aunque seguía representando uno de los mayores flujos migratorios de la región. Las razones detrás del aumento sostenido incluyeron la inestabilidad en países de origen, la flexibilización de controles fronterizos y la falta de alternativas legales para migrar hacia Estados Unidos y Canadá.

En 2025, tras la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, y con las ayudas que recibió Panamá desde Norteamérica, se registró un cambio drástico: solo 3,091 personas cruzaron la selva, lo que representó una reducción del 99% respecto al año previo.
El Gobierno panameño, bajo la administración de José Raúl Mulino, implementó el cierre de rutas no autorizadas en el Darién y firmó acuerdos con el gobierno estadounidense para facilitar vuelos de deportación. Por su parte, la administración estadounidense endureció las políticas migratorias, incrementó las deportaciones y restringió el acceso a quienes ingresaban por vías irregulares.
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