
No hay buenas noticias para el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el entonces director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, después de que la Procuraduría General de la Nación dejara en firme su decisión de mantenerlos apartados de sus cargos.
La entidad ratificó la medida el 23 de diciembre, luego de la difusión de archivos atribuidos a alias Calarcá, con el objetivo de impedir la repetición de las conductas señaladas y asegurar el desarrollo correcto del proceso disciplinario.
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La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría detalló que la sanción cautelar busca esclarecer posibles conexiones de los suspendidos con estructuras disidentes de las Farc, así como la presunta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública.
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El proceso también indaga un eventual respaldo a la creación de empresas de seguridad que, según la investigación, podrían facilitar la legalización de armas y la preparación de escenarios ante la posible ruptura de los diálogos con el Ejecutivo. En esta etapa, la entidad ordenó la recolección de pruebas para confirmar los hechos investigados.

El caso cobró notoriedad pública a raíz de un informe periodístico de Noticias Caracol, donde se revelaron documentos asociados a alias Calarcá en los que aparece nombrado el general Huertas, que ocupaba el cargo de jefe del Comando de Personal del Ejército.
Los documentos señalados indican que Huertas, tras haber sido retirado y luego reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, habría sostenido reuniones en Bogotá con un allegado del líder disidente.
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El objetivo de estos encuentros habría sido explorar la creación de una empresa de seguridad que serviría, supuestamente, para legalizar armamento y facilitar la movilidad de integrantes de las disidencias en vehículos blindados. Este dato fue presentado en el reportaje de Noticias Caracol.
Dentro del paquete documental revisado por la Procuraduría, se incluyen comunicaciones en las que los miembros disidentes afirmaban que el general Huertas podría ser un apoyo, debido a su presunta cercanía con el presidente de la República. Estas referencias son ahora parte integral del material evaluado por el Ministerio Público.
Por otra parte, el general Huertas enfrenta cuestionamientos adicionales. Tras la aparición de los archivos de alias Calarcá, dos exoficiales del Ejército, que reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su implicación en ejecuciones extrajudiciales, lo señalaron de haber facilitado supuestos falsos positivos en Antioquia cuando ostentaba el grado de capitán.
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Con relación a estos hechos, la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, anunció que Huertas será nuevamente citado a rendir su versión voluntaria en para avanzar en esa investigación.
En cuanto a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia y también identificado como cercano al presidente Petro, la investigación sugiere que estaría encargado de intermediar entre organizaciones criminales y miembros de la Fuerza Pública.
Entretanto, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la inocencia de ambos hombres, que mantienen su suspensión provisional por tres meses, asegurando que se trata de un “montaje” de medios de comunicación para desprestigiarlos.
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En noviembre de 2025, el mandatario colombiano calificó como completamente falsos unos audios publicados por El Tiempo en lo que se escucharía a Wilmar Mejía ordenar presiones a militares para salvaguardar al Gobierno nacional.
Sin embargo, Petro insistió en que todo se trató de una calumnia e, incluso, pidió al funcionario de la DNI adelantar acciones legales contra el medio de comunicación y obtener una millonaria compensación.

“Hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización. Se prueba que no es tu voz en las grabaciones y no son capaces de rectificar, cuando eso pasa tu ca ir a la justicia penal y civil, que indemnicen su falta al buen nombre (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
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Por su parte, Mejía reaccionó con escepticismo ante su suspensión, sugiriendo que existen motivaciones ocultas: “¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? Igual, el presidente tiene razón. Se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público”, señaló.
El funcionario también criticó las inconsistencias en la cobertura mediática y cuestionó que se le acuse de filtrar información de inteligencia sin tener acceso directo a ella.
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