
Un brutal caso de violencia de género que ocurrió en el sur de Bogotá durante los primeros días de 2025 tiene en alerta a la ciudadanía por la gravedad de los hechos. De acuerdo con los relatos de los testigos, el suceso demostró las fallas en la protección a víctimas.
La situación ocurrió en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde una mujer fue torturada, amarrada, apuñalada y sometida a abuso sexual por parte de su expareja, que previamente había sido denunciado, por lo que existía una medida de protección vigente.
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El relato de los testigos presenciales, como una vecina del mismo bloque, demuestra la brutalidad del ataque al que fue sometido la mujer. La mujer escuchó la situación y aseguró que vio a la víctima por una ventana: “Estaba amarrada, desnuda y con golpes muy visibles en el rostro, pidiendo ayuda”, de acuerdo con el testimonio que fue citado por Blu Radio.
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Junto con otros vecinos lograron ingresar al apartamento, donde encontraron un entorno devastador, pues aseguraron que había sangre esparcida por la vivienda y que la víctima se encontraba con lesiones visibles, además de estar “Amarrada, con cortes en la espalda, el cuello y la cara, y golpes que la tenían irreconocible”.

La intervención de los vecinos permitió retener al agresor hasta la llegada de la Policía, que encontró al hombre de 46 años aún dentro del edificio y procedió a capturarlo. Sin embargo, las críticas sobre las acciones de las autoridades no se hicieron esperar.
La testigo principal relató a la emisora que tres de los uniformados hicieron ingresar a la víctima al mismo espacio reducido donde se encontraba su victimario, que se comportaba tranquilo y conversaba con los policías, mientras la mujer permanecía incómoda y en estado de shock.
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Durante el procedimiento, la víctima recordó a los agentes la existencia de una orden de alejamiento y les reiteró que ya había denunciado reiteradas veces al hombre: “Usted ya lo ha cogido y lo ha soltado”, insistió ante los policías, demostrando la falta de una protección efectiva. La vecina que se encontraba en el lugar también recalcó cómo el agresor la observaba “con odio” y sin arrepentimiento alguno por el brutal ataque al que la sometió minutos antes.

La víctima ya había denunciado
Antes del suceso, la mujer había finalizado una relación sentimental de 6 meses, en la que experimentó episodios previos de violencia física, por lo que decidió mudarse y buscar amparo legal, pero su agresor logró ubicarla de nuevo.
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El resultado de la agresión fue la exposición a la traumática situación, que llevó a la apertura de un proceso judicial, mientras la familia exige que el caso no se quede en una estadística más. Así, los allegados pidieron justicia y mayor rigor en la protección de las víctimas.
Incluso, la vecina afectada expresó a Blu Radio: “Ella merece un proceso justo, sin revictimización. Que no se le exponga, que no se le cuestione. Siempre muestran a la víctima y no al agresor. La cara del man debería estar en todos lados”.

La secuencia de los hechos, detallada por familiares, testigos y la víctima, reveló que el agresor pagó $50.000 colombianos para persuadir a un vigilante y así lograr acceso al edificio, a pesar de las restricciones emitidas por las autoridades.
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Así lo informó el hijo de la víctima, Nicolás López, asegurando que el atacante engañó además a su madre para que abriera la puerta de su apartamento. Una vez dentro, la golpeó y la llevó hasta la habitación, donde la obligó a desnudarse y la sometió a violencia sexual.
Durante aproximadamente una hora, la mujer permaneció atada y fue asfixiada mientras sufría golpes con un cable. Este caso se convirtió en un ejemplo de la grave vulnerabilidad en los sistemas de seguridad internos del conjunto residencial y en las acciones de protección para las víctimas.
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