Las revelaciones contenidas en un documento judicial divulgado en Estados Unidos pusieron nuevamente la atención sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, y sobre el papel que habrían tenido altos funcionarios del chavismo en actividades de narcotráfico.
El indictment —acusación formal en Estados Unidos— hecho público el sábado 3 de enero de 2026, mismo día en el que el país que preside Donald Trump llevó a cabo una operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, señala directamente a Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, conocido como el “número dos” de Hugo Chávez, por una serie de viajes a zonas limítrofes donde sostuvo contactos con estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para asegurar el tránsito de cocaína de Colombia hacia su territorio.
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De acuerdo con la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos desplazamientos tuvieron como destino áreas estratégicas de la frontera colombo-venezolana, caracterizadas por la presencia histórica de grupos armados y por la existencia de rutas usadas para el tráfico de drogas.
El señalamiento surgió en un escenario político marcado por la crisis interna en Venezuela tras los hechos del 3 de enero; a partir de ese momento, las autoridades judiciales de Estados Unidos hicieron públicos varios expedientes que involucran a figuras centrales del poder chavista, entre ellas Cabello, al que el indictment ubica como actor clave dentro de una red de narcotráfico de alcance regional.
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La investigación resalta que la situación tiene impacto directo en Colombia debido a los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida entre ambos países. En ese extenso territorio, la Fiscalía norteamericana sitúa los viajes del considerado “número dos” del chavismo, en zonas descritas como corredores estratégicos donde el ELN mantuvo control territorial y operó pistas aéreas clandestinas usadas para el envío de droga.
De acuerdo con la acusación, se plantea que Cabello verificó de forma directa el funcionamiento de estas rutas y la coordinación con la guerrilla en sectores fronterizos de difícil acceso.
El documento señala viajes regulares a pistas clandestinas
Uno de los fragmentos más relevantes del indictment expone: “Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína por territorio venezolano”.
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“Desde estas pistas aéreas, la cocaína era despachada fuera de Venezuela, tanto en vuelos aprobados por funcionarios militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección por las fuerzas del orden o los ejércitos de América del Sur y Central”, se lee en el documento, además, la acusación sostiene que esta combinación de vuelos permitió sostener el flujo de droga hacia destinos internacionales.
Para la justicia estadounidense, estos elementos evidencian que Cabello no actuó como un intermediario distante, sino como un funcionario —figura del régimen— que supervisó de manera personal la operatividad de las rutas y la relación con el ELN en la frontera. El indictment señala que este esquema se mantuvo durante varios años, pese a investigaciones y señalamientos previos en escenarios internacionales.
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Una de esas referencias indica: “Hacia finales de 2024, traficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello Rondón planes para la continuación del tráfico de cocaína a través de Venezuela”. Aunque la cita alude a un interlocutor cercano y no al ministro venezolano de manera directa, la Fiscalía la presenta como prueba de la continuidad del esquema y del rol atribuido al chavista dentro de él.
Hubo una fecha en las acusaciones contra Cabello que tuvo un paralelo de data con las negociaciones de paz del Gobierno Petro con el ELN
La mención de finales de 2024 adquiere relevancia para Colombia porque coincide con una etapa en la que el Gobierno de Gustavo Petro sostuvo negociaciones de paz con el ELN, un proceso que actualmente permanece suspendido. El documento judicial no emite valoraciones sobre esas conversaciones, pero establece una coincidencia temporal entre los diálogos de narcotráfico señalados y el periodo de acercamientos políticos.
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Desde la óptica de la acusación, la guerrilla mantuvo el control de pistas y corredores estratégicos en la frontera durante ese tiempo, lo que permitió la continuidad de economías ilícitas. Este señalamiento reabrió el debate regional sobre las condiciones en las que se desarrollaron las políticas de ‘Paz Total’ del Gobierno Petro y sobre los límites de dialogar con un actor armado que, según la justicia estadounidense, conservó intactas sus estructuras de financiamiento ilegal.
La investigación sostiene que entre 2022 y 2024, Diosdado Cabello realizó viajes regulares a pistas clandestinas controladas por el ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela; desde esas pistas, los vuelos partieron con aval de funcionarios militares o mediante rutas clandestinas diseñadas para evadir controles en Sudamérica y Centroamérica.
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El expediente también señala que durante ese periodo el aliado del régimen recibió ingresos vinculados al tráfico de cocaína y que en 2025 narcotraficantes colombianos discutieron con un asociado suyo planes para mantener esas rutas activas.
En paralelo, Nicolás Maduro deberá comparecer ante una corte federal de Nueva York para responder por varios cargos en su contra y desde esa instancia judicial también se requiere a Diosdado Cabello, ya que ambos aparecen sindicados como jefes de una red que, según la acusación, delinquió durante cerca de 25 años, al referirse al cartel de los Soles.
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