En Colombia hay preocupación por los riesgos y alcances de un proyecto de decreto del Gobierno de Gustavo Petro para reformar las reglas de inversión y los mecanismos de protección en los fondos de pensiones. Entre las advertencias se identifican amenazas potenciales al ahorro pensional y a la estabilidad del sistema financiero, con implicaciones que podrían afectar a trabajadores actuales y futuros pensionados.
La discusión técnica cobró impulso ante la convocatoria a la segunda mesa preventiva hecha por la Procuraduría General de la Nación, fijada para el 20 de enero de 2026. El objetivo central, según la entidad, es anticipar riesgos relacionados con la repatriación de inversiones y la redefinición de coberturas en el sistema pensional colombiano.
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La Procuraduría fundamentó el análisis en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011. Las delegaciones institucionales advirtieron que “es necesario profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios”. Además, aseguran que la evaluación debe contemplar la capacidad del mercado local para absorber modificaciones y las consecuencias en la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.
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El Ministerio Público remarcó su compromiso institucional con la defensa del ahorro pensional y la confianza en el sistema, por lo que insiste en la necesidad de transparencia y coordinación interinstitucional en el proceso de reforma.
Las advertencias de la exdirectora de la URF
Precisamente, el 5 de enero, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) Mónica Higuera, que renunció al cargo por diferencias con el presidente Gustavo Petro, manifestó su preocupación ante la instrucción del Ejecutivo para repatriar alrededor de $125 billones en un plazo de seis meses desde portafolios de alto y moderado riesgo. “Expresé mi preocupación por la viabilidad de una operación de ese tamaño en un periodo tan corto”, indicó Higuera, en entrevista con La FM.
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La exfuncionaria detalló que el mercado de capitales colombiano tiene limitaciones de profundidad y liquidez. Resaltó que la directriz gubernamental implica desmontar estrategias de inversión diversificadas y de largo plazo. Expuso que “el principal riesgo de trasladar cerca de $120 billones en seis meses es la falta de liquidez del sistema financiero local”. Para ella, una repatriación acelerada puede forzar la venta prematura de activos, generar pérdidas y presionar el valor de los portafolios administrados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
La exfuncionaria también resaltó la elevada exposición de las AFP a deuda pública local y la escasez de emisores en el mercado interno, lo que dificultaría opciones de reinversión inmediata.
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Higuera afirmo que “no se discutió un destino específico para los recursos una vez regresaran al país y que la instrucción se limitaba a repatriarlos”. Agregó que su salida de la URF obedeció al desacuerdo sobre la movilidad de los montos de inversión y a la identificación de inconsistencias numéricas. “El ministro (Germán) Ávila presentó cifras inconsistentes al referirse públicamente a montos de hasta $250 billones, superiores a los inicialmente mencionados”, indicó.
Qué dicen los gremios
En el ámbito gremial, Asofondos y Fasecolda recalcaron la utilidad del diálogo abierto con el Ministerio de Hacienda, aunque mantienen inquietudes respecto al alcance y consecuencias de la reforma propuesta. Los gremios alertaron que “dicho cambio reglamentario implica: menos pensionados, menores mesadas pensionales, desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte”.
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El pronunciamiento conjunto de los gremios hizo énfasis en los riesgos para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Manifestaron que, si bien el ministerio asegura que no se incrementará el capital exigido para acceder a estos beneficios, “el cambio sí eleva de manera significativa el costo de los siniestros que debe asumir el seguro previsional”.
Según los gremios, esto podría llevar a que la “prima del seguro supere el límite legal del 3%, lo cual hace inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte”.
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Las organizaciones sectoriales insisten en que la ausencia de un seguro previsional funcional pondría en peligro la protección de cerca de 20 millones de trabajadores. Advirtieron además que, respecto a las pensiones de vejez, en la actualidad un grupo de afiliados puede acceder de manera anticipada a una renta vitalicia mediante autofinanciación, pero con los cambios propuestos, muchos tendrán que cotizar durante más años o aceptar mesadas menores.
Sobre la redistribución de los nuevos costos, los gremios precisaron: “Cuando se ajusta un componente del sistema pensional, los costos no desaparecen; solamente se trasladan”. Anticipan que el desmontaje parcial de la cobertura estatal ante el deslizamiento del salario mínimo impactará tanto el seguro previsional como las expectativas de los trabajadores sobre su pensión.
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Asofondos y Fasecolda llamaron al Ministerio de Hacienda a establecer una mesa técnica para exponer “con mayor detalle los efectos identificados sobre invalidez, sobrevivencia y vejez”. Reiteraron la importancia de debatir alternativas que resguarden la sostenibilidad del sistema sin sacrificar los mecanismos de protección existentes.
Ministerio de Hacienda aclaró alcances del decreto
Por su parte, el Ministerio de Hacienda defendió el alcance del proyecto al asegurar que “no implica que los futuros pensionados deban reunir un mayor capital para acceder a su pensión por invalidez o sobrevivencia”. La cartera recalcó que la responsabilidad de ese riesgo recae en la aseguradora, que cumple su función mediante la “prima establecida en la ley, en promedio del 2,6% de las cotizaciones, la cual en 2024 llegó a $5,22 billones”.
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La entidad detalló que, desde la creación del mecanismo de cobertura en 2015, se efectuaron giros cercanos a $2,2 billones, con $1 billón proyectado para 2025 y $1,8 billones para 2026. Señaló que las condiciones fiscales actuales requieren revisar tales instrumentos, “garantizando su sostenibilidad y la existencia de las reservas que respalden el pago futuro de las rentas vitalicias”.
Respecto a las pensiones de vejez, el Ministerio apuntó que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima cubre la diferencia si el afiliado no logra el capital exigido luego de los aumentos al salario mínimo, lo que permite mantener la protección para los beneficiarios y un efecto neutro en las finanzas públicas.
Contratos suscritos a partir de 2027
Sobre la aplicación temporal de las reformas, la cartera de Hacienda precisó que “el proyecto establece que el nuevo parámetro aplicará únicamente para los contratos que se suscriban a partir de 2027, que representan alrededor de 10.000 operaciones anuales”. Esto implica que la medida “no afecta a los cerca de 20 millones de trabajadores afiliados”.
El ministerio resaltó el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del sistema, el rigor técnico de las reformas y la protección adecuada en casos de invalidez, sobrevivencia y vejez.
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