La Defensoría del Pueblo emitió una nueva advertencia sobre la crisis en el sistema de la salud en Colombia, en la que alertó sobre posibles interrupciones en la prestación de servicios y la entrega de medicamentos durante 2026.
El comunicado emitido por la institución expresa “su preocupación por los hechos recientemente puestos en conocimiento público que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud”, y se refiere a las notificaciones de centros asistenciales en varios departamentos, especialmente en Boyacá, en los que se confirmó la suspensión de los servicios.
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El llamado de la Defensoría se dirigió al Gobierno Nacional, con el objetivo de que se tomen medidas urgentes para garantizar la atención en todas las áreas del sistema, en todo el país.
Dicha crisis ha cobrado miles de vidas, al menos 2,436, y los médicos dicen que se trata de “una situación grave”, de acuerdo con lo que informó recientemente la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer).
Al respecto, Diego Gil, director ejecutivo de la federación, sostuvo una conversación en RCN Radio, en la que habló sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se ha convertido en una preocupación central, en particular para los pacientes con enfermedades de alto costo y condiciones crónicas complejas.
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“Venimos arrastrando, lamentablemente, un déficit de hace varios años. Y esto se está viendo reflejado en cada vez mayor cantidad de barreras de acceso a medicamentos, a tecnologías, a servicios que requieren pacientes, en especial aquellos más vulnerables, como los pacientes con enfermedades de alto costo, personas con enfermedades crónicas complejas, enfermedades huérfanas”, afirmó Gil en la entrevista.
En ese sentido, el directivo expresó que la expectativa era que el incremento de la UPC, al menos para el régimen contributivo, superara el 15%.
Sin embargo, el ajuste anunciado alcanzó solo un 9%. Según Gil, este porcentaje “no reflejará lo que se necesita para los esquemas de atención de esa población”, sumado al impacto del incremento del salario mínimo, que la UPC no cubrirá. Esto pone en riesgo la capacidad de hospitales y clínicas para absorber los costos operacionales y del personal de salud.
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El número de fallecimientos por barreras en la atención
El profesional de la salud también informó que la crisis se evidencia en el número de fallecimientos relacionados con enfermedades raras y complejas.
Según datos de Fecoer, hasta principios de diciembre de 2025 se registraron 2.436 muertes de pacientes por barreras de acceso en el sistema.
El 40% de estos casos, informaron, correspondía a personas afiliadas a EPS intervenidas. El caso más crítico es el de la Nueva EPS, con 536 fallecimientos, pese a que no es la entidad con mayor cantidad de afiliados con estas condiciones.
El informe de federación indicó que la situación afecta a todos los pacientes, especialmente a quienes dependen de EPS bajo intervención estatal.
De acuerdo con Gil, no se identificó una enfermedad específica con mayores barreras de acceso, ya que la problemática es generalizada en todo el sistema. Además, las reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud se mantienen por encima de las 2.500 cada mes.
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Lo que pidió la Defensoría al Gobierno
El pronunciamiento oficial, difundido el 31 de diciembre de 2025, responde a la suspensión masiva de servicios ambulatorios anunciada por hospitales y centros médicos de Boyacá, y al cierre de la dispensación de medicamentos para afiliados a la Nueva EPS por parte de Colsubsidio.
La Defensoría señaló que esta situación puede generar impactos directos sobre los usuarios y reiteró que todas las entidades prestadoras de servicios de salud deben garantizar redes de atención suficientes, bajo los principios de universalidad y disponibilidad.
Además, instó a mantener espacios de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y los agentes interventores, para coordinar respuestas a través de los Puestos de Mando Unificado y reuniones de seguimiento territorial.
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El organismo solicitó a las autoridades informar de manera clara las rutas de atención, los mecanismos de coordinación y las acciones adoptadas para asegurar el acceso completo y oportuno a medicamentos y servicios de salud.
También pidió a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos implementar planes de contingencia inmediatos para evitar interrupciones abruptas en la atención y la entrega de medicamentos.
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