El ajuste tarifario en el sistema de transporte público TransMilenio sorprenderá a los bogotanos a comienzos de 2026: el proyecto de decreto elaborado por la Alcaldía de Bogotá prevé que el pasaje suba $350, alcanzando un valor de $3.550 y no $250 como se había anunciado anteriormente.
La nueva tarifa responde al incremento del salario mínimo del 23% y a variables macroeconómicas, lo que podría elevar el impacto para los usuarios urbanos, según el proyecto del Distrito citado por Minuto 60.
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De acuerdo con el documento, la propuesta se encuentra disponible para observaciones de la ciudadanía hasta la medianoche del 7 de enero de 2026. El texto precisa que la Secretaría de Movilidad, la Gerencia de TransMilenio y el alcalde, Carlos Fernando Galán, aún deben firmar el decreto para que adquiera rango de ley distrital.
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El proyecto argumenta que este ajuste tarifario tiene en cuenta el aumento del salario mínimo del 23%, que junto con el subsidio de transporte se ubicó en dos millones de pesos. Según se detalla, este nuevo valor resulta de la influencia de factores como la inflación, los precios de los combustibles y diversos indicadores macroeconómicos.
El documento define de forma explícita la tarifa máxima del SITP: “Fíjese la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP en TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($3.550). Para fines tarifarios, los servicios zonales comprenden los de carácter urbano, complementario y especial.”
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La propuesta mantiene los mecanismos de transbordo, permitiendo a los usuarios realizar hasta dos transbordos dentro de un periodo de 125 minutos desde la última validación del tiquete. Además, el sistema de abono mensual conocido como TransMiPass sigue vigente, permitiendo el acceso al SITP mediante una recarga de $160.000 que otorga derecho a 65 validaciones.
Respecto a este abono, el proyecto aclara: “La recarga de que trata el presente artículo tiene vigencia de un mes, contado a partir de su primera validación en el SITP. Pasado ese tiempo, la recarga caducará sin derecho a devolución de dinero.”
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La publicación del proyecto de decreto se realizó la noche del 31 de diciembre de 2025, poco antes de cerrar el año, confirmando así el inminente incremento y el periodo de consulta pública al que está sometido antes de su oficialización definitiva.
La decisión del Gobierno nacional de incrementar en un 23 % el salario mínimo en Colombia ha generado preocupación entre diversas entidades, en particular entre la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), que advirtió sobre los efectos adversos que la medida podría acarrear para las finanzas, la ejecución de proyectos y la disponibilidad de recursos en las principales ciudades del país.
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Hacia el cierre de su reciente pronunciamiento, Asocapitales recalcó que uno de los sectores que se verá impactado de manera directa es el del transporte público urbano. Los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico en las ciudades capitales dependen considerablemente de la mano de obra, por lo que un aumento salarial de esta magnitud podría ejercer una mayor presión sobre las tarifas al usuario o, alternativamente, sobre los subsidios municipales, así como provocar tensiones en el equilibrio financiero de estos sistemas, sobre todo en aquellas urbes donde la demanda aún no se ha recuperado plenamente, según advirtió la asociación.
La secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe, ilustró el impacto de la medida en el sistema TransMilenio. En diálogo con El Tiempo, sostuvo que “la gran mayoría de personas contratadas que trabajan en TransMilenio ganan un salario mínimo. Si a estas personas se les está aumentando su salario en 23 por ciento de un año a otro, eso implica que el recaudo por el servicio tiene que buscar incrementarse de una u otra forma. Las proyecciones que se habían hecho eran cercanas a un incremento del 7% con estimaciones de un incremento del 10% en el salario mínimo”.
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Asocapitales, al presentar la alerta pública, reconoció que la medida beneficiará a más de 2,4 millones de trabajadores que perciben ingresos superiores al salario mínimo en Colombia, pero insistió en la necesidad de evaluar cuidadosamente las repercusiones integrales para otros trabajadores y para la sostenibilidad de las ciudades capitales.
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